No bastan las buenas ideas

Por Cecilia O'Neill de la Fuente. Abogada

Cuando un país crece intensamente, lo primero en colapsar es su infraestructura. Una herramienta para atenuar el déficit, que en nuestro país es de US$30 mil millones, es el esquema de asociaciones público-privadas (APP).

Las APP están reguladas por el Decreto Legislativo 1012, que también regula las iniciativas privadas. Toda iniciativa privada involucra una APP, pero no a la inversa. Con las iniciativas un inversionista empaqueta una idea y la 'vende' al Estado. Si los intereses del Estado y del proponente son alineados, el proyecto se declara de interés. Esta declaración se publica y si no hay terceros interesados, el proponente ejecuta el proyecto. En cambio, si hay interesados, se convoca a concurso.

"Nadie sabe para quién trabaja" se dice cuando el concurso lo gana una empresa a la que no se le ocurrió la idea. Entonces, para conciliar el interés del "inventor" del proyecto con el interés del Estado en obtener la mejor oferta posible para ejecutarlo, la ley creó un "repechaje": si no gana en primera vuelta, el proponente de la iniciativa compite con el ganador en un segundo round.

Así se combina la protección de las buenas ideas con la competencia para implementarlas. El problema es que el proyecto de reglamento sometido a la opinión pública impide que la oferta que cada uno presente en segunda vuelta difiera en más de 10% con la que presentó en la primera. Este límite debe eliminarse. Primero, por inconstitucional: los reglamentos deben respetar las leyes.

Segundo, la propuesta no tiene sentido económico. En el concurso hay dos rondas, y si bien el proponente de la iniciativa privada participa en primera vuelta, en esta etapa la competencia realmente ocurre entre los demás postores, pues el proponente tiene derecho a competir en una segunda vuelta. Esta se produce entre el postor ganador y el proponente. Una de las armas para ganar, permitidas por la ley, es mejorar las ofertas en la proporción que se quiera, incluso mayor al 10%.

Quizás se pensó que sin este límite no hay equidad en la revelación de las preferencias, pues los únicos obligados a revelar sus precios de reserva, entendiendo por tales a las mejores ofertas posibles, son los postores distintos al proponente. A lo mejor se pensó que el límite incentiva a que más terceros se presenten al concurso, creyendo que como el proponente de la iniciativa pondrá las cartas sobre la mesa desde el inicio, las opciones de ganarle en segunda vuelta serán mayores.

Lo curioso es que esas posibilidades de ganarle no serían mayores sino totales, pues probablemente ambas ofertas mejorarán al máximo en la segunda competencia; es decir, en 10%. Con nociones elementales de aritmética, el resultado es que el proponente nunca alcanzará al ganador de la primera ronda. Si se quiere llegar a este absurdo esquema de suma cero, lo más sincero y directo hubiera sido eliminar la segunda vuelta, pero afortunadamente esto no se puede hacer por decreto supremo.

No se puede poner la carreta delante de los caballos. Propiciar la competencia para ejecutar una idea está bien, pero primero hay que incentivar su creación. Sin innovación no hay infraestructura y esta es más cara cuando no existe.