Sucari y Anaya quedaron al borde deldesafuero y de pasar por los tribunales

Por Ítalo Sifuentes Alemán

Al borde del desafuero y, por tanto, de ser procesados por diversos delitos supuestamente cometidos durante su gestión quedaron los congresistas José Anaya y Margarita Sucari, ambos de UPP, puesto que la Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer las acusaciones constitucionales que pesan sobre estos parlamentarios pertenecientes a las bancadas de Unión por el Perú y Unidad Popular Patriótica, respectivamente.

Anaya fue el primero en ser denunciado por ese grupo de trabajo por 22 votos a favor, ninguno en contra y las abstenciones de los congresistas Álvaro Gutiérrez y Édgard Reymundo, de Unidad Popular Patriótica, y Francisco Escudero, de Unión por el Perú.

Anaya es acusado de los delitos contra la administración de justicia, contra la fe pública y peculado tras supuestamente haber falsificado boletas de venta por casi S/.1.300 para justificar consumos de pollo a la brasa en un restaurante ubicado en el distrito de La Victoria. Asimismo, por la entrega de un documento cuya validez ha sido cuestionada, una factura para solicitar el reembolso de un pasaje de avión que fue subvencionado por una entidad internacional.

ÉTICA YA LOS SANCIONÓ
La defensa de Anaya estuvo a cargo del abogado José Álvarez, quien durante su intervención de 20 minutos señaló a la Comisión Permanente, presidida por el titular del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén (Apra), que esta instancia no era el Poder Judicial y, por tanto, su defendido no debía ser acusado de delitos penales sino de faltas a la ética.

De hecho, Anaya se encuentra suspendido por 120 días de sus labores en el Congreso luego de que la Comisión de Ética Parlamentaria así lo decidiera la semana pasada, sanción que fue la primera que recibió tras la denuncia periodística en su contra.

Así lo recordó la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Elizabeth León, quien agregó que su grupo de trabajo también suspendió por 60 días a Sucari por haber conminado a su asesora Ivonne Araujo Salinas a entregarle una parte de su sueldo para supuestamente repartirlo con otros asesores, entre ellos el ingeniero Jorge Malatesta Villamar. Cabe recordar que se trata de dos procesos distintos: uno seguido en la comisión de ética, que podría derivar en una suspensión y otro seguido ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que puede concluir en el desafuero.

Igualmente, por pedir a Araujo que le entregara el íntegro de su remuneración correspondiente a mayo de este año para dárselo a Joel Giovanny Palacios Távara, quien no tenía relación laboral con el Congreso de la República, según la denuncia constitucional presentada en su contra.

La defensa de Sucari estuvo a cargo del abogado Enrique Llontop Quesquén, quien explicó que haberle pedido el dinero a Araujo no había significado un perjuicio para el patrimonio del Congreso y que lo sucedido con Araujo había sido un hecho preparado. Por su parte el congresista Reymundo sostuvo que Sucari solo había cometido hechos "reprobables".

Finalmente 20 congresistas votaron a favor de acusarla constitucionalmente mientras que Gutiérrez, Reymundo y Oswaldo Luizar (todos de UPP) lo hicieron en contra.

Las denuncias constitucionales presentadas contra Anaya y Sucari fueron elaboradas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la legisladora Martha Moyano (Alianza por el Futuro) y, tras la decisión tomada ayer por la Comisión Permanente, corresponderá que los legisladores Carlos Bruce (Alianza Parlamentaria) y Daniel Abugattas (Partido Nacionalista) fundamentarlas ante el pleno.

Bruce señaló que al pleno le corresponde debatir y aprobar la segunda parte del proceso de desafuero que pesa sobre Anaya y Sucari, en cumplimiento del artículo 89 del reglamento del Parlamento referido al procedimiento de acusación constitucional que se debe seguir para suspender a un congresista y pueda ser juzgado en el fuero común.

Hay 15 denuncias en lista de espera
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Martha Moyano (Alianza por el Futuro), indicó ayer que, como parte de su agenda de trabajo, tiene hasta el próximo 28 de octubre para calificar 15 denuncias constitucionales contra diversos magistrados, así como contra la ex fiscal de la Nación, Nelly Calderón, y los congresistas Isaac Mekler (Partido Nacionalista) y Carlos Torres Caro (sin grupo parlamentario).

En tanto, ayer la Comisión Permanente archivó ocho acusaciones constitucionales, entre ellas una contra el ex presidente de la República Alejandro Toledo, realizada por el procurador ad hoc Gino Ríos Patio. Igualmente, pasó al archivo la denuncia contra la congresista Yaneth Cajahuanca (Partido Nacionalista) por los supuestos delitos de estafa y falsedad genérica interpuesta por la legisladora María Balta (Apra).

DEL CONSULTOR
Precisión de cirujano*
Alguien me pregunta por qué el Congreso tiene que juzgar a los congresistas en vez de hacerlo los jueces como ocurre con cualquier ciudadano. Su pregunta tiene que ver con la desconfianza que generan los parlamentarios especialmente cuando se trata de evaluar las inconductas de sus pares, pero tiene que ver también con que los congresistas no tienen que saber de cosas judiciales y pueden equivocarse. Le explico que el Congreso no los juzga pero para ser juzgados por infracciones a la Constitución, y por los delitos que cometen en el ejercicio de sus funciones, el Parlamento primero debe acusarlos constitucionalmente.

Ese es el procedimiento en el que están inmersos Margarita Sucari y José Anaya y que el Congreso está a punto de concluir. La Comisión Permanente aprobó acusarlos ante el pleno y ahora corresponde a este (sin participación de los miembros de la Comisión Permanente) evaluar si envían el caso al ámbito judicial. En el caso de una resolución acusatoria de contenido penal (en ambos casos lo sería) la Fiscal de la Nación en cinco días denuncia a los congresistas ante la Corte Suprema y el Vocal Supremo Penal inicia el proceso judicial correspondiente.

El procedimiento en el Congreso es fundamental para la fase judicial, pues tanto la denuncia fiscal como la apertura de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación parlamentaria. Debemos exigir a los congresistas el máximo cuidado en este procedimiento, pues un error en la tipificación del delito puede complicar la fase judicial.
* Percy Medina, Politólogo