Un certificado médico que Sucari intentó usar como salvavidas

Ayer durante la sesión de la Comisión Permanente, la congresista Margarita Sucari (UPP) quiso jugar una última carta pero el tiro le salió por la culata.

Envió una carta al presidente de dicha comisión, Javier Velásquez Quesquén, en la que decía textualmente: "solicito se sirva señalar nueva fecha para debatir el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales N° 110 por cuanto por problemas de salud no me voy a poder presentar, lo que acredito con el certificado médico adjunto al presente". El mencionado certificado médico indicaba que la parlamentaria presentaba un cuadro de síncope y crisis de hipertensión arterial y le prescribían descanso médico de 48 horas a partir de las 10: 15 a.m. de ayer.

Pese a la férrea y desesperada defensa de Oswaldo Luizar (UPP), los testimonios de Luis Galarreta (UN), Hilaria Supa (GPN) y Cenaida Uribe (GPN) resultaron contundentes para desbaratar el pedido.

"No nos vamos a engañar, todos hemos visto a la congresista Sucari hace una hora conversando acá atrás con todo el mundo. Si se ha puesto mal tiene su abogado para que pueda venir a hacer la defensa", dijo Galarreta. La legisladora Supa Huamán ratificó lo dicho por su colega y Uribe lo enfatizó: "Es preocupante, porque el informe que tenemos es de las diez y cuarto. A las diez y quince he visto a la congresista aquí, parada".

De todos modos Velásquez Quesquén decidió someter a votación la postergación de la sesión, pero la mayoría no aceptó. El resto de la historia ya es conocida.

SEPA MÁS
Desaforados y suspendidos
Elsa Canchaya fue acusada constitucionalmente y desaforada por haber dispuesto la contratación de su empleada del hogar como asesora parlamentaria, pese a que no contaba con las calificaciones para tal puesto. Fue denunciada por los delitos contra la administración pública, contra el patrimonio en la modalidad de estafa y contra la fe pública.

A Tula Benites el pleno la acusó constitucionalmente por los delitos de colusión, peculado y falsedad genérica. Fue desaforada el 18 de marzo por disponer la contratación de un asesor que nunca iba a trabajar y por cobrar el salario de este. Con excepción de Mercedes Cabanillas, sus colegas de bancada (Apra) buscaron salvarla. El intento no prosperó. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aún no concluye el caso.

Hay también una lista de congresistas suspendidos: Walter Menchola de UN (120 días), Alfredo Cenzano (30 días), Carlos Torres Caro (30 días), Ricardo Pando (60 días), José Vega (30 días), Miro Ruiz (60 días), Janeth Cajahuanca (30 días), Gustavo Espinoza (la Comisión de Ética Parlamentaria recomienda 120 días de suspensión).
FUENTE: ARCHIVO EL COMERCIO