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Grave responsabilidad del TC en el caso de la fiscal Loayza

La opinión pública está especialmente atenta ante la decisión que en los próximos días debe tomar el Tribunal Constitucional para resolver la demanda de agravio que presentó la fiscal Luz Loayza.

Más allá de disponer si retorna al despacho en Maynas (Iquitos) o se queda definitivamente en Lima, lo que está en juego aquí son las garantías que tienen, para ejercer su ardua labor, los funcionarios que, como ella, asumen seria y valientemente su deber de administrar justicia.

Como se recuerda, Loayza solicitó su traslado a Lima luego de ser amenazada de muerte por mafias de narcotraficantes, lo que resquebrajó aun más su salud. Sin embargo, las máximas autoridades del Ministerio Público, y luego del Poder Judicial, en decisiones tan escandalosas como injustas, desestimaron hasta ahora su pedido.

El caso es ciertamente emblemático en la dura lucha que debe librar el Estado contra las mafias del narcotráfico que carcomen su estructura, sobre todo cuando se trata del caso de Fernando Zevallos, considerado uno de los capos mundiales de la droga, en el que la fiscal Loayza tuvo una actuación decisiva para su captura y posterior encausamiento judicial.

En tales delicadas circunstancias, el retorno de la fiscal Loayza a Maynas se torna una cuestión de vida o muerte, que por lo demás se ajusta a lo que considera el reglamento interno de la fiscalía por razones de seguridad.

Se trata, pues, de una cuestión de derecho pero también de la más elemental lógica: ¿Cómo puede el Estado desamparar a quienes lo protegen y hacen cumplir sus leyes? ¿Qué mensaje se le estaría dando a los fiscales y jueces que asumen con convicción su juramento de defender el orden constitucional y el Estado de derecho?

El caso es tan trascendental que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha solicitado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger la vida de la fiscal Luz Loayza, que no está pidiendo ningún trato diferenciado ni especial, sino simplemente que el TC actúe urgentemente conforme a derecho.