Una vez más el Congreso se muestra renuente a sustentar gastos operativos

Por Gerardo Caballero

La historia en el Congreso de la República parece transcurrir en forma circular. Ayer se conoció que la Mesa Directiva del Parlamento había acordado que los congresistas sustenten solo el 30% de sus gastos operativos de manera documentada, es decir, con comprobantes de pago. El 70% restante, lo justificarán mediante declaración jurada.

Con esta decisión, se dejó sin efecto un acuerdo de Mesa Directiva adoptado cuando Mercedes Cabanillas fue presidenta del Congreso (julio 2006 -- julio 2007) para que los parlamentarios rindan cuenta con comprobante de por lo menos el 90% de sus gastos operativos. El 10% restante se podía sustentar mediante una declaración jurada.

Y ayer el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, defendió esta flexibilización en la rendición de cuentas. "Lo único que hicimos fue corregir una irregularidad que había. En mi gestión hago que se cumpla el reglamento (del Congreso)", manifestó.

Y es que el artículo 22 de dicho cuerpo legal establece que la rendición de cuentas de los gastos operativos, los cuales ascienden a S/.7.617,20 mensuales, se realizan "mediante comprobante de pago, por un monto no menor al 30% de los mismos".

Sin embargo, no es la primera vez que se toma una decisión similar. En octubre del año pasado, la Mesa Directiva que encabezaba el ex presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada (julio 2007 - julio 2008), tomó la misma decisión. El argumento de Gonzales Posada fue el mismo. Sin embargo, pocos días después la Mesa Directiva tuvo que dar marcha atrás.

ALGUNAS RECOMENDACIONES
A pesar de la explicación, las reacciones no se hicieron esperar. La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, consideró que el Congreso debería eliminar el gasto operativo de los parlamentarios y sincerar sus remuneraciones.

De esta manera, prosiguió, los congresistas recibirían un solo sueldo. "Y todo el mundo puede gastar su sueldo como mejor le parece", declaró en RPP. Para esto, indicó, es necesario que el funcionario público esté bien remunerado y bien capacitado.

Sin embargo, Merino Lucero fue enfática al señalar que "quien recibe un dinero del Estado debe rendir cuentas escrupulosamente".

Por su parte, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Percy Medina, planteó una reforma radical para que ya no sean los congresistas quienes manejen los gastos operativos, pues estos son "la principal fuente de desprestigio de los congresistas".

Medina sugirió que sea el área administrativa del Congreso de la República la que pague directamente a los proveedores las facturas por los gastos de transporte y alimentación que pudieran realizar los parlamentarios al ejercer su labor de representación.

SIN CURA
No obstante, las buenas intenciones parecen estar de más con el actual Congreso. Luego del escándalo producido cuando Gonzales Posada intentó flexibilizar la rendición de cuentas, la bancada de Unidad Nacional (UN) presentó un proyecto de ley (el 1847-2007) para que todos los altos funcionarios del Estado sustentaran con documentos el 90% de sus gastos operativos.

El texto fue aprobado en la Comisión de Constitución en enero de este año. Velásquez Quesquén presidía en ese entonces este grupo de trabajo y destacó que con dicho dictamen se quisiera "uniformizar lo que el Congreso ha hecho una práctica en su interior". Pero el contralor Genaro Matute hizo diversas observaciones al dictamen y el proyecto ahí quedó.

Y es que los parlamentario se muestran renuentes a que se fiscalicen sus gastos operativos. El miércoles en la noche en un programa televisivo, Lourdes Alcorta (UN) dijo con desenfado que no daría a conocer sus gastos operativos porque "no me da la gana de hacerlo". "Y vamos a hacer (espíritu de) cuerpo en ese sentido nos llamen como nos llamen", añadió.

Por eso, no le falta razón a Beatriz Merino cuando dice: "Quien no quiera que su vida patrimonial sea de escrutinio público, no debe entrar a la función pública".

DEL CONSULTOR
Componenda deshonesta*
La decisión adoptada por el Congreso de la República de no rendir cuentas del 70% de los llamados gastos operativos, muestra que los parlamentarios se han echado el alma a la espalda y les importa un comino el repudio de la opinión pública.

Se sienten seguros en sus curules y van a aprovechar al máximo todos los beneficios que les pueda reportar su permanencia en el puesto hasta julio de 2011.

Los llamados gastos operativos son una manera encubierta de pagarle un sueldo adicional a los parlamentarios. Como se sabe, ese sueldo adicional no paga impuestos.

Gran parte de la culpa la tienen el presidente Alan García y el partido aprista, que al inicio del actual gobierno hicieron demagogia con los sueldos de los funcionarios del Estado, rebajándolos bruscamente.

Es verdad que hasta julio de 2006, un congresista se embolsicaba unos 600.000 dólares durante un período de cinco años, unos 120.000 dólares al año, un emolumento excesivo en un país pobre. Sin embargo no se llegó a un punto intermedio, sino que se les rebanó una parte sustancial del sueldo.

Si antes había varios sinvergüenzas que se robaban los salarios de sus empleados y trafeaban los gastos operativos, eso se ha convertido hoy día en moneda corriente en el Congreso de la República.

El asunto es que el Gobierno y el partido aprista se benefician de la corrupción imperante en el Congreso, porque de esa manera pueden chantajear, comprar y extorsionar a parlamentarios que tienen rabo de paja y que lo único que buscan es el beneficio personal.

Gracias a eso tienen un parlamento obsecuente, que ni investiga ni fiscaliza. Una componenda deshonesta.
* Fernando Rospigliosi. Politólogo