Recursos propios, pero no tanto

Por Elizabeth Cavero

En el argot de la burocracia se los llama RDR (recursos directamente recaudados) y para muchas instituciones constituyen la única posibilidad de hacer algo más que no sea solo pagar gasto corriente. Otras, por lo contrario, cierran sus balances anuales sin haberlos gastado por completo.

Según el ministro de Economía, Luis Valdivieso, ha llegado el momento de poner orden en la recaudación, pero también en el gasto de estos recursos que abarcan los cobros por tasas, derechos administrativos, venta de servicios, venta de bienes, rentas, multas y otros más.

"La situación de desorden con los recursos directamente recaudados comenzó a inicios de los años noventa", explica el viceministro de Hacienda, José Arista. Eran años de déficit fiscal --añade-- en los que, ante la falta de recursos para atender las necesidades de todas las instituciones, se dio libertad para establecer cobros directos.

Pero a finales de los años noventa las cosas comenzaron a ponerse en orden con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), al que entraron progresivamente el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales (1.834 de ellos ya trabajan con el sistema). El SIAF es el mecanismo on line que sirve para registrar los ingresos y gastos. El control que desde 1999 obtuvo el MEF con este sistema es significativo. "Con los años se ha ido ganando cierto orden", dice Arista, para quien ahora toca cambiar el concepto de propiedad sobre los RDR.

"En muchas instituciones existe la idea de que esos recursos les pertenecen", cuestiona el viceministro: "¡No son de ellos, son del Estado!".

Las reformas que el MEF se ha propuesto son dos. La primera es la de sacar una ley que establezca criterios uniformes para hacer estos cobros y acabar con la discrecionalidad al fijar tasas, multas y otros en los famosos TUPA (texto único de procedimiento administrativo que tiene cada institución pública).

En ciertos casos incluso se han establecido cobros diferentes por un mismo servicio, dependiendo de la capacidad económica de los ciudadanos. Es decir, tasas usadas a manera de subsidios cruzados. Según Arista, en uno o dos meses podría darse a conocer el proyecto de ley.

La segunda reforma con-siste en hacer que las instituciones gasten primero sus propios recursos y recurran al Tesoro Público como última fuente de financiamiento. Es un cambio en el que el MEF trabajará durante el 2009, de manera que pueda implementarse en el año 2010.

¿En qué afecta este cambio al sector público? "No creo que afecte significativamente el monto del que las instituciones disponen durante el año", afirma un ex funcionario que trabajó dos años como director de presupuesto en un ministerio: "Mientras más recursos propios tenga una institución, menos recursos del tesoro recibe".

Sin embargo, los RDR otorgan hasta hoy cierto margen de flexibilidad, pues en muchos casos el 80% o 90% de los recursos ordinarios son destinados a gastos corrientes y solo con otras fuentes de ingresos las instituciones pueden pensar en realizar mejoras o inversiones.

Además, si bien para todo gasto es necesaria una autorización, cuando estos se hacen contra recursos ordinarios requieren aprobación del Congreso, pero cuando se giran contra cuentas de recursos propios basta con la aprobación de la Dirección de Presupuesto del MEF.

"Para La Perla no hace diferencia", opina el alcalde Pedro López, cuyo municipio --dice-- no llega a cubrir el costo de los servicios que brinda y cada año usa el 100% de todo lo que percibe. Caso diferente es el del Osinergmin, que percibe S/.190 millones por RDR, más del 70% de lo que captan los cuatro reguladores.

Alfredo Dammert, presidente del Osinergmin, concuerda con Valdivieso: "Nuestros ingresos son muy altos, pero el Osinergmin cobra sus tasas de acuerdo con una ley. Creo que la tasa de nuestros cobros debería ajustarse a la necesidad presupuestal de cada año".

"Financieramente es inobjetable y creo que el ministro hace bien en tratar de maximizar el superávit convencional con el objetivo de fortalecer el fondo de estabilización fiscal", opinó el ex viceministro de Hacienda Kurt Burneo: "Económicamente es discutible".

Burneo recuerda que hay instituciones que, por un lado, no pueden gastar sus recursos propios y terminan dando un mal servicio. "Entonces el ciudadano paga impuestos, paga tasas que nunca se reajustan hacia abajo y no recibe un buen servicio". Entonces, señala, el cambio debe hacerse sin comprometer los resultados de gestión que tienen las instituciones públicas.