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Golpe a la trata de blancas

Por Yolanda Vaccaro. Corresponsal

MADRID. María siente vergüenza. Accede a contar su testimonio, pero ruega que no se divulgue su identidad. Esta paraguaya de 28 años llegó a Madrid hace once meses. Pasó por los controles del aeropuerto de Barajas como si fuera una turista más --los paraguayos no necesitan visa para ingresar como turistas--, aleccionada por quienes ella creía que eran sus salvadores de la pobreza. Al salir del aeropuerto la esperaban un hombre y una mujer. Inmediatamente le pidieron su pasaporte y todos sus documentos. De allí, de frente a un prostíbulo situado en una carretera a las afueras de Madrid.

María creía que venía a trabajar cuidando niños y limpiando casas para enviar dinero a Asunción y mantener así a sus dos hijos, de 4 y 5 años. Pero acabó de prostituta en un burdel de carretera. No sabe cómo salir del atolladero. Sin papeles no se atreve a denunciar porque se arriesga no solo a la deportación, sino también a lo que esta conllevaría: que su familia, en su país, se entere de su drama. Ella espera poder llevarse el secreto a la tumba.

Pero María ahora puede ver una salida. El Gobierno va a autorizar que las extranjeras víctimas de trata de blancas reciban permiso de residencia a cambio de que denuncien a sus explotadores. Primero, una vez que la víctima haya contactado con las autoridades o tras una redada, la mujer tendrá un mes para decidir si hace la denuncia, plazo durante el cual se "congelará" la expulsión.

TESTIGOS PROTEGIDOS
El Gobierno quiere así dar una oportunidad a las miles de engañadas por redes de tráfico de mujeres que son forzadas a ser prostitutas en España. Según el Ejecutivo, el 90% de las meretrices son extranjeras y 80% del total son víctimas de redes delictivas. Esto significa que hay alrededor de medio millón de prostitutas extranjeras en este país, y la mayor parte lo son a la fuerza.

La mayoría no denuncia porque, cuando lo hacen, se exponen a que se les abra un expediente de expulsión. Cuando hay redadas estas se efectúan no por perseguir la prostitución, que aquí no es ilegal, sino para detener a los responsables de redes de inmigración ilegal y a las inmigrantes sin papeles.

Sin embargo, el mayor temor reside en que muchas de estas mujeres están amenazadas de muerte si denuncian, con terribles golpizas de por medio. Las mafias también las atemorizan con vengarse atacando a sus familiares (hijos, padres, esposos o hermanos), que suelen vivir en los países de origen de las forzadas a prostituirse y que los traficantes tienen identificados.

Actualmente, cuando la policía irrumpe en un burdel las mujeres pueden denunciar a quienes las han reclutado a la fuerza. Si lo hacen pasan a ser tratadas como testigos protegidos. Pero la mayoría no lo hace; tienen a flor de piel las amenazas contra sus vidas y contra las de sus familias. Justamente para que estas mujeres tengan un tiempo para recibir atención psicológica se concede el mencionado mes durante el cual se congela la expulsión mientras se deciden a denunciar.

El plan del Gobierno contempla que las mujeres en esta situación serán tratadas como testigos protegidos incluso desde antes de que denuncien, durante el mencionado mes. Si al final proceden, se prolonga su tratamiento como testigos protegidos y obtienen sus papeles de residencia.

PROHIBIR O LEGALIZAR
Según la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, "el imaginario de una mujer que se dedica a la prostitución libremente no se corresponde con la realidad". La ministra habla así porque en España existe una corriente que asegura que la mayor parte de meretrices lo son de forma voluntaria, corriente liderada por el colectivo de prostitutas Hetaira. ¿Pero qué pasa con las inmigrantes sin papeles? ¿Son realmente tan libres como para decidir si son o no prostitutas y si quieren alejarse de sus explotadores?

"Hasta hace poco --señala el diario 'El País'-- las posturas políticas al respecto se antojaban simples: prohibir o legalizar la prostitución. Pero un fenómeno nuevo, la inmigración, ha llenado de matices el debate". Sucede que en España la prostitución no está regulada, ni prohibida ni legalizada. Es como si no existiera, a ojos de la ley. Pero de hecho existe, y se calcula que mueve unos 18.000 millones de euros al año (2% del producto bruto interno). Más de un millón de españoles ejercen de clientes cada año.

Agrupaciones como Hetaira quieren una legalización al estilo de Holanda. Quieren que a las prostitutas se les hagan contratos de trabajo en los burdeles o que ellas sean autónomas y coticen a la seguridad social. Piden que el Estatuto de los Trabajadores ampare a aquellas que se prostituyen voluntariamente "porque estas trabajadoras eligen el oficio, no así las condiciones en las que lo ejercen, ni los horarios, ni el salario que perciben, ni los servicios sexuales que han de ofrecer", según la portavoz de Hetaira. Es la postura "regulacionista".

En el bando opuesto, organizaciones como la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas (Apramp) califican la situación de esclavitud del siglo XXI, sobre todo en el caso de las extranjeras. Retratan auténticos delitos contra los derechos más elementales para romper la voluntad de unas mujeres que han viajado engañadas en busca de otros empleos. Apramp conversa cada día con unas 500 mujeres en los burdeles o en las calles.

"Si ellas nos pidieran que regularan su situación laboral no nos negaríamos. Pero lo que estamos viendo es esclavitud: mujeres maltratadas, violadas cada día, encerradas e incomunicadas. Solo pueden comunicarse con sus explotadores o con los clientes, siempre observadas por los proxenetas. Hemos conocido casos de mujeres que nos cuentan que compañeras suyas han sido torturadas por haber dejado entrever a sus clientes que son víctimas de una red mafiosa", indican desde Apramp. Esta postura se denomina "abolicionista" y es la que ha adoptado el Gobierno.

Tal vez mujeres como María puedan ver así una luz al final del túnel.

Penalizaciones en Europa
El 60% de los países europeos penaliza a los clientes, a los proxenetas y a quienes ejercen la prostitución. Suecia solo multa a los clientes.

Otros países, como Holanda y Alemania, tienen regulada la situación con derechos laborales y obligaciones en materia de salud. Pero en estos casos no se contempla a quienes carecen de papeles de residencia.

En Italia se ha empezado a aplicar multas y arrestos de cinco a quince días a quienes comercien con la prostitución en las calles.

El panorama de ausencia de regulación en España empieza a cambiar con medidas como la que se dirige a las extranjeras víctimas de trata de blancas. Ayuntamientos como el de Madrid y Sevilla tienen campañas para disuadir a los clientes. "¿Tan poco vales que tienes que pagar?" es el lema de la campaña sevillana.

MÁS DATOS
Un negocio que vale millones
4La ONU calcula que la prostitución mueve entre cinco y siete billones de dólares anuales (entre tres y cinco billones de euros), y afecta a cuatro millones de víctimas.
4Cuando hay redadas en España, la mayor parte de prostitutas detenidas por carecer de papeles de residencia (el meretricio no es un delito en este país) suelen ser de Rumanía, Polonia, Rusia, Nigeria, Paraguay, Brasil, Colombia y Ecuador.
4La policía española no tiene registrados datos de peruanas detenidas en este contexto.