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El Congreso no debe perder los papeles

Por: Juan Paredes Castro |

El Congreso de la República parece una vez más decidido a enfrentar un dilema (a la suerte de Dios) antes que un deber institucional.

El caso de corrupción por millonarios contratos de exploración petrolera pone justamente a este poder del Estado en una circunstancia de toma de decisiones que no es la más tranquila ni la de mayores augurios.

El ingrato dilema que baraja ahora consiste en inclinarse directamente por la censura del Gabinete, sin pasar por la interpelación, dejando en el aire las explicaciones del Gobierno y eventualmente la instancia de una investigación parlamentaria, o en asumir la investigación parlamentaria a fondo, con resultados de mediano plazo, mientras el presidente Alan García resuelve finalmente y por su cuenta la continuación, renovación o expiración de su Gabinete.

Se trata de un dilema parlamentario complejo de manejar frente a la alternativa más correcta y viable: la determinación de una comisión investigadora o, paralelamente o en lugar de ella, la elección de ir primero a una interpelación, para escuchar las explicaciones del primer ministro, Jorge del Castillo, y luego, si las necesidades lo imponen, pasar a un voto de censura o de confianza.

Caer en el papel vehemente de impulsar ciegamente una censura del Gabinete, cuando lo que se quiere es promover el mayor esclarecimiento posible, a través de los canales adecuados de la interpelación y de la investigación en Fiscalización, no le hace bien al proceso anticorrupción y menos aun al sistema democrático llamado a sostenerlo.

Los partidos y movimientos políticos representados en las bancadas del Congreso saben que este no está para tirar la primera piedra. Comprenden igualmente que su deber es, ante todo, investigar. Y en esa dirección deberían encaminar sus pasos. No obstante los asaltan dos tentaciones: la posibilidad de exorcizar sus pecados en la suerte del Gobierno o pretender abreviar la censura al Gabinete saltándose el canal de una interpelación que arrojaría mayores luces acerca de lo que acaba de acontecer.

Es el momento pues de que el Congreso no pierda los papeles solo porque algunos vientos de la política lo empujen fuera del escenario institucional. Tampoco el Gobierno debería arriesgar lo mismo. Su deber urgente de cubrir vacíos, ejercer sanciones y monitorear investigaciones en su interior podría ser el comienzo de reconstrucción del sistema anticorrupción que dejara Valentín Paniagua y que fuera perdiendo perfomance y credibilidad continuas en los últimos años.