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La corrupción, entre la ley y el chuponeo

Por: Juan Paredes Castro |

Hace poco decíamos, con cierta ironía, qué cosa no es informal en el Perú.

Era una manera de sostener, en esa interrogante, lo que es obvio para todos: la informalidad política, económica y social se ha convertido en la peor enemiga de la institucionalidad democrática que afanosamente buscamos construir y consolidar en el país.

Producto de esa informalidad es que los lobbies se pasean por todos los pasillos del poder sin registro de ley ni permiso de nadie; que no hay sistema anticorrupción que pare a la corrupción porque esta tiene como aliada a la impunidad; y que los sistemas de interceptación telefónica de los otrora servicios de inteligencia del Estado sirven hoy, como en los tiempos de Vladimiro Montesinos, a fines delictivos, aún cuando de paso ayuden a descubrir nidos de ratas en el aparato público, como ha ocurrido con los contratos de exploración petrolera en manos de dos rufianes: Alberto Quimper, miembro del directorio de Perú-Petro, y el ex ministro aprista Rómulo León Alegría.

Con todo el contenido de verdad que hayan traído consigo hasta hoy los audios difundidos por la prensa sobre el caso Quimper-León, la interceptación telefónica, como modalidad de violación del secreto de las comunicaciones, no tiene que formar parte de nuestra cultura política y menos de nuestra convivencia civilizada, sino, por el contrario, tendría que constituir objeto de atención prioritaria de lo que ya debimos desterrar hace rato y que hoy, en tiempos de crecimiento y despegue del país, no debería ser más una señal de oscurantismo político-policiaco.

Tenemos que combatir a la corrupción con otras armas, que no sean informales ni ilegales. Pero para eso desearíamos ver alineados en la misma dirección a la Presidencia de la República, al Gobierno, al Congreso, al Ministerio Público y al Poder Judicial, con una gran cuota de confianza en su compromiso de lucha contra la criminalidad en la función pública.

A lo que tenemos que llegar es a confiar en un Congreso capaz de castigar severamente a parlamentarios estafadores, antes que un audio tenga que demostrarnos que ese parlamentario realmente le robó al fisco.

No podemos vivir permanentemente atenazados entre el fantasma de la interceptación telefónica y el otro tan oscuro y grosero como el de la impunidad de la corrupción. El Gobierno y el Estado tienen que salir a demostrar que son Gobierno y Estado y a devolvernos la confianza de que la estabilidad del sistema democrático está en sus manos.