Por Pedro Ortiz Bisso
No son pocas las críticas que merece Arturo Woodman por el andar sin brújula del deporte nacional; sin embargo, su decisión de no ceder a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) los estadios que pertenecen al Instituto Peruano del Deporte (IPD) para la realización del próximo Sudamericano Sub 20 constituye una legítima expresión de coherencia.
Señalar que la actitud del jefe del IPD es antipatriota o, como se ha deslizado, atentatoria contra el prestigio del país, es ceder al chantaje de aquellos que pese a estar deslegitimados por sus actos --y, sobre todo, por la gente-- se empecinan en mantenerse en sus cargos, anteponiendo sus intereses particulares.
En este mismo rincón se ha dicho ya que apelar a la intervención estatal para que Manuel Burga abandone la Videna era la peor alternativa a la mano por el efecto devastador que traerían las sanciones que la FIFA aplicaría de inmediato. Con un sistema electoral hecho a la medida, sostenido en un domesticado grupito de dirigentes, era evidente que las fórmulas para que el 'burguismo' terminase debían ser otras.
En la legítima defensa de sus fueros, el IPD ha optado por no ceder sus estadios a una entidad a la que no reconoce, cuyo directorio ni siquiera está inscrito en Registros Públicos y que, a la luz de lo ocurrido en los últimos días, atraviesa por serios problemas para conseguir liquidez. Si el respaldo a la decisión de Woodman es ratificado por el Gobierno, acaso la cuenta regresiva para el reinado instalado en la Videna haya empezado ya.
La FPF no ha llegado a esta situación por culpa del IPD o por goleadas calamitosas como la sufrida por la selección ayer en La Paz. Su comatoso estado institucional se debe a su andar errático, ausente de planificación, hechura del bochornoso manejo de directivos que prefirieron hundirse en el desprestigio antes que buscar una salida que los dignifique.
Si Perú no organiza el Sudamericano Sub 20 en enero del próximo año, no busquen culpables en el IPD. Todos se encuentran en la Videna.