Por Juan Zegarra
Un Estado resulta débil cuando su aparato público está penetrado por la corrupción. Esta afirmación es casi de perogrullo como también decir que al nuestro le calza perfectamente tal afirmación. El gran tema era que no habíamos percibido cuán vulnerable era el gobierno ante un escándalo de corruptela. Ahora podemos señalar --con preocupación, por cierto-- que está a merced de cualquier brote de irregularidad que surja en el vasto aparato estatal.
Antes fueron las ambulancias y patrulleros, que terminaron con la salida de dos ministros, y ahora el escándalo de Perú-Petro ha fulminado en pocos días al Gabinete Del Castillo. No sé cuantos sacrificios ministeriales deben producirse cada vez que estalle este tipo de casos, pero lo sensible es que toda esta agitación política coincide con la crisis financiera internacional que cada vez muestra síntomas más peligrosos y que empieza a tocar con fuerza las puertas de nuestro país.
El viernes se registró la peor caída histórica de la bolsa de Lima (-10,8%) y solo en esta última semana el valor de las empresas que alistan en bolsa se deterioró en US$15.202 millones. En definitiva, habrá una merma en las exportaciones y por consiguiente en los ingresos fiscales, razón por la cual conviene estar preparados.
Sin embargo, cualquier previsión resulta ineficaz si estamos en medio de una agitación política.
Dadas las circunstancias, hace falta un acuerdo entre los distintos sectores para respaldar un plan que pongan en marcha el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva frente al mal clima económico que se avecina. Esto no significa que la oposición deje su papel de fiscalizador o que discrepe con las políticas que aplica el gobierno, sino de que tenga la suficiente madurez para asumir el reto conciliador en una situación económica adversa en todo el mundo.
Del mismo modo, los ministerios productivos deben estar más abiertos al diálogo e incorporar algunas medidas de los sectores de la oposición. Atrás debe quedar la tesis del perro del hortelano que animalizaba a cualquiera que pensara distinto al gobierno.
De otro modo, el temporal nos hará perder el tren del desarrollo. Aquí no se trata solo del gobierno sino de la perspectiva del país para los próximos años.
Hay que entender que la corrupción no solo hace caer a ministros, que por último son fusibles, sino que provoca menos inversión y reduce la posibilidad de crecimiento. Su costo económico significa mayor desempleo y pobreza. Esto ha sido cuantificado y medido hasta la saciedad, y basta citar trabajos que refieren que las pérdidas por corrupción en el gobierno de Fujimori superaron los mil millones de dólares.
Conociendo el fuerte impacto de la corrupción en nuestra economía y previendo lo nocivo que resultará la crisis internacional, es vital contar con un plan integral y no medidas aisladas que nos prepare para la contingencia. Por un lado, mecanismos que hagan más transparente el esquema de licitaciones y adquisiciones del Estado, y por otro más diálogo para exponer lo que se hará para enfrentar los efectos de la crisis internacional. Es cómodo plantearlo desde la tribuna, ahora solo queda que el gobierno y la oposición tengan la capacidad para ceder y encontrar puntos de consenso frente al complicado futuro.