Por Mariella Balbi
Conocidos los audios y --ojo-- correos electrónicos de nuestro criollo 'Petrogate', nadie en su sano juicio puede cuestionar que evidencian un acto de corrupción gordo y peliagudo. Sus ramificaciones parecen extensas. Recordemos que cuando se juzgó el caso de la falsificación de firmas por Perú Posible, el Poder Judicial interrogó en Palacio de Gobierno al entonces presidente Toledo, armándose una virulenta discusión sobre la pertinencia de ello. El Apra y Renovación eran los más inquisidores. No sabemos si ocurra lo propio con el actual mandatario porque quien mandaba dinero para 'aceitar' estuvo en Palacio. Como dicen: se verá.
Pese a lo valioso de los audios, resultan siendo un búmeran para el sistema democrático, el que --se supone-- garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones. Comunicaciones por las que pagamos y tributamos cada mes. En la dictadura de Fujimori varios fuimos 'chuponeados'. En mi caso, mis conversaciones con Julio Favre y Juan Carlos Tafur aparecieron en un extenso 'papelógrafo'. A los 'varios' esto nos causó indignación y repulsa, amén de vernos atropellados, intimidados por un régimen que basaba su poder en el reglaje y en espiar.
Lamentablemente vuelve la zozobra y con ella la pregunta: ¿fue de fijo o de celular? Por lo conocido se trata de ocho largos meses de seguimiento puntual. Otras interrogantes apuntan al costo del 'trabajo', a la infraestructura que se necesita para transcribir lo hablado, a si son privados o gubernamentales, o tal vez una moderna asociación público-privada. Luego tenemos la dosificación de la información, en este caso salió de a pocos y el poder que irroga a quien la maneja es sobre toda la sociedad. Al parecer --y según uno de los detenidos-- se trata de un 'lobbista' extranjero y platudo que se peleó con su contacto peruano y le pasó el material a un competidor de la empresa petrolera.
Pero la denuncia perdió el control y el agua llegó a las orillas gubernamentales, revolcando al Gabinete y sumiéndonos en una fuerte crisis política. Ahora la zozobra es doble. No tenemos la seguridad de que no salgan otros audios a este respecto o a otro. El Gobierno está limitado, cogido de unas grabaciones ilegales pero en exceso reveladoras. El chantaje a la vida privada de los ciudadanos y al quehacer político tiene la puerta abierta. Así como no se está medio embarazada, tampoco podemos ser una democracia a medias. 'Chuponear' es un alevoso delito, merece una sanción contundente. Hoy no solo hay que cuidarse de lo que se habla, sino también de lo que se escribe. Vaya democracia.