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La tierra de nadie de los lobbies en el Perú

Apenas estalló el escándalo, lo dijimos. Una de las lecciones del affaire Quimper-León Alegría ha sido, sin lugar a dudas, la falta de transparencia con que funcionan los lobbies en nuestro país.

Y es que si bien desde el 2003 existe una ley que regula la gestión de intereses en la administración pública o lobby (Ley 28024), en la práctica esta no se cumple adecuadamente. Lo peor es que eso ha dado lugar a una tierra de nadie, donde prevalecen prácticas solapadas y delitos que, como se ha visto, desembocan en tráfico de influencias y actos de corrupción.

En sí mismo, como señalan los estudiosos del lobby, este mecanismo puede ser una forma útil, viable y rápida para influir, organizar y defender posiciones e intereses, de tipo empresarial o de política pública, ante quienes ostentan el poder o tienen en sus manos la toma de decisiones.

El objetivo del lobby, y de los lobbistas que lo practican, no es, pues, intrínsecamente turbio ni debe ser mal visto. Todo lo contrario: puede constituirse en instancia valiosa que coadyuve al desarrollo de instituciones, empresas públicas y privadas, así como del propio aparato estatal.

Además, en un país como el nuestro, donde la presencia del Estado ha sido sustituida en algunos ámbitos por entidades de la sociedad civil, el lobbismo podría contribuir a explicar y orientar a grupos o instituciones sobre la utilidad de las principales políticas públicas y las decisiones gubernamentales.

Evidentemente, como lo demuestra la experiencia, este mecanismo de influencia exige algunos requisitos de transparencia que no se están cumpliendo y que nuestro Diario se ha propuesto denunciar. En principio, como hemos dado a conocer recientemente, solo 25 lobbistas han cumplido con inscribirse en el Registro Público de Gestión de Intereses. Asimismo, solo una de ellas reporta periódicamente las comunicaciones que mantiene con funcionarios estatales con capacidad de decisión pública.

De otro lado, queda claro que muchos altos funcionarios de la administración pública (incluidos los miembros de los directorios de las empresas) tampoco estarían cumpliendo la ley, que les prohíbe actuar como lobbistas o aceptar beneficios, dádivas, comisiones por debajo de la mesa. Por eso, si nuestro país no quiere que la ley de lobbies sea letra muerta, tiene que revisar y mejorar sus actuales mecanismos de negociación en lo que respecta a la selección de los lobbistas, las estrategias que aplican, su vinculación con los medios de comunicación y, sobre todo, la fiscalización a la cual debe someterse esta forma de influencia política y empresarial.

El lobby solo está normado en Estados Unidos y Canadá, así como en el entorno de la Unión Europea. En América Latina, el Perú es el único país con una legislación que hoy ha sido largamente rebasada y que, en principio, no contempla las graves limitaciones que afronta en el país en materia de institucionalidad y representatividad en la función pública.