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Gobernabilidad: Ahora es el turno del Congreso

Recompuesto el Gabinete, trazados sus principales objetivos y asegurado el apoyo del partido oficialista, corresponde ahora al Congreso dar señales claras de preocupación y compromiso con el interés nacional y la gobernabilidad, sobre todo en la delicada coyuntura financiera mundial.

Subrayar esto es sumamente necesario ante las declaraciones de ciertos parlamentarios que, casi por costumbre, asumen a priori una posición negativa, esta vez contra el nuevo Gabinete. Ello sin entender que el Congreso es un foro político, pero sobre todo un poder del Estado encargado de dar leyes y fiscalizar la cosa pública, para lo cual sus miembros deben mantener una actitud ética y autocrítica permanente.

No se puede estar mirando solo la paja en el ojo ajeno sin reparar en los gruesos errores propios.

Lo que corresponde ahora es dar el ejemplo, sancionando las tropelías y escandaletes de algunos parlamentarios y propiciando una administración transparente y austera de recursos, que diluya la imagen negativa que, como se sabe, se manifiesta y expresa en la opinión pública.

Una actitud positiva y desprejuiciada es la que debe primar frente a la obligada presentación del nuevo Gabinete Simon ante el Congreso para exponer y debatir la política general del gobierno. En tal contexto, tiene primero que escucharse los planteamientos, evaluarlos objetivamente sin prejuicios ni apasionamientos, y recién después de ello poner al voto la cuestión de confianza.

El Congreso, entonces, no puede colocarse simple y facilistamente en posición de juzgar sino que tiene que asumir su corresponsabilidad ante los retos que ha planteado el presidente Alan García. En la lucha anticorrupción, por ejemplo, hay aspectos como el endurecimiento de sanciones penales a los corruptos, la investigación pendiente sobre diversos casos de 'chuponeo' --práctica delictiva que no puede tolerarse-- y la misma elección del nuevo contralor, todos los cuales demandan una participación alturada del Parlamento.

La lucha contra la pobreza y la exclusión reclama asimismo revisar las leyes para promover inversiones, crear empleo y descentralizar más. Y, defender al país de la crisis financiera mundial exige no solo mantener las líneas maestras del programa económico, sino un monitoreo constante del Ejecutivo y del Legislativo para reaccionar adecuadamente ante los vaivenes de la crisis.

Hay que tender puentes de entendimiento y comunicación fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo, en lo que los líderes de las bancadas parlamentarias tienen un rol principal. Pero, para institucionalizar este diálogo, y no dejarlo al vaivén del humor de los partidos, debe evaluarse también la reactivación del llamado Consejo de Estado, como bisagra de comunicación orientada prioritariamente a dar estabilidad y gobernabilidad al Perú.