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Hacia una cultura peruanista

Por Jacques Bartra Calisto. Diplomático

La creación de un ministerio de cultura no es una novedad en nuestro país. Recordemos que existe en países con un gran legado cultural, como España, China, Francia y México, por citar algunos. Incluso Chile tiene un Ministerio de Cultura desde hace años. Acá, no obstante nuestro extraordinario patrimonio cultural y su vigencia a través de la producción artística contemporánea que se entronca con este legado único, se viene discutiendo este proyecto en los últimos gobiernos. Sin embargo, han prevalecido las voces discordantes que temen la instauración de una burocracia autoritaria y asfixiante en materia cultural, así como el dispendio del erario público en sueldos y proyectos faraónicos e incluso corruptelas.

Lo cierto es que el anuncio del presidente de la República en el sentido de crear un ministerio de cultura es una loable iniciativa, pero que debe ser implementada a través de una política pública cultural eficiente, eficaz y moderna. Ello implica instaurar mecanismos de participación ciudadana que permitan el acceso no solo de los propios creadores culturales, sino del público en general, incorporando el uso de las TIC (tecnologías de información y comunicación), para así facilitar una fiscalización democrática y el ejercicio del derecho de opinión y libre pensamiento que es consustancial a una cultura de transparencia en la gestión pública.

Hasta ahora ha sido el INC, dependiente del Ministerio de Educación, la entidad encargada del quehacer cultural en el Perú. Pero no solo el ser un OPD (organismo público descentralizado) --sin capacidad para negociar partidas presupuestales o sin voz propia en el Consejo de Ministros-- determina sus limitaciones, sino que principalmente se ha abocado --aunque con reconocidos logros en la recuperación de nuestro expoliado patrimonio-- a la preservación y conservación de nuestro ingente patrimonio histórico-artístico y arqueológico, tan proclive a los malsanos apetitos del tráfico ilícito de bienes culturales que responde, en última instancia, a oscuros intereses de mafias internacionalmente organizadas.

Es necesario tener presente que el factor cultural no solo representa para el Perú una ventaja comparativa que debe ser utilizada como una herramienta de política exterior en función de los intereses nacionales y que redunda como efecto multiplicador en las variables económicas, comerciales y en el sector turismo.

Además de la evidente carta de presentación que significa en el ámbito exterior una cultura peruanista, tal como la definió por primera vez Raúl Porras Barrenechea al crear en la década del 50 la Oficina de Asuntos Culturales de nuestra cancillería, lo cierto es que la cultura tiene mucho que ver con la calidad de vida de los ciudadanos --como lo indica el Nobel de Economía, doctor Amartya Sen--, especialmente en el caso del Perú, donde no solo se hace indispensable remontar el lastre lamentable que significa el 43% de nivel de exclusión existente con soluciones imaginativas e integrales, sino los paradigmas psicológicos de nuestra idiosincrasia que mucho tienen que ver con una ausencia de identidad nacional y una baja autoestima colectiva.

En este contexto, no hay que dejar de lado a las comunidades peruanas en el exterior que, a través de sus propias organizaciones en coordinación con nuestros consulados, deben proyectar los valores culturales populares de nuestro país, incluyendo la gastronomía y el folclor, y no solo las manifestaciones elitistas de nuestro acervo cultural.

En el ámbito interno, los museos públicos y privados han posibilitado, ciertamente, el conocimiento de las manifestaciones prehispánicas, virreinales y republicanas, así como en el ámbito externo la proyección al mundo de nuestro legado cultural milenario. Esto último ha sido posible facilitando los trámites para garantizar con seguridad la salida temporal de las piezas de nuestro patrimonio cultural.

También las galerías de arte han jugado un importante rol en la difusión de nuestro arte contemporáneo al menos en el país, no obstante no existir una ley adecuada que aliente la inversión privada en obras de arte y manifestaciones artísticas a través de razonables mecanismos tributarios, como sí ocurre en otros países, fomentando así la creatividad de nuestros productores culturales actualmente relegados en su gran mayoría a una actividad sacrificada e insuficientemente reconocida.

De todo lo expuesto se deduce la necesidad, más que de una nueva entidad burocrática, de un ministro de cultura apolítico que posibilite la coordinación intersectorial y la gestión integrada de las diversas entidades públicas y privadas vinculadas al quehacer cultural, con real capacidad de liderazgo y especialización adecuada en materia de gestión cultural.