El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales en el país señala que en Puno hay 14 conflictos activos y latentes, los que comprenden desde divergencias en los gobiernos locales y en el regional, hasta protestas socioambientales y cuestionamientos en temas electorales.
Según el representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Luis Salas Quispe, la mayoría de conflictos está en proceso de diálogo y en vías de solución, pero hay algunos casos en los que existe la posibilidad de un brote de violencia.
Tal es el caso que tiene como protagonista a César Zegarra Lipa, alcalde del distrito de San Juan del Oro, en la provincia de Sandia, quien a fines del 2007 fue tomado como rehén por los pobladores de su localidad ante acusándolo de no rendir cuentas, no ejecutar obras y no informar sobre el manejo del presupuesto. Se salvó por poco de ser quemado.
Tras esos hechos, el alcalde aún incumple ciertos compromisos que asumió en la mesa de diálogo que se inició para calmar los ánimos en su localidad.
DESDE LOS PUEBLOS DEL SUR
A los conflictos reportados por la defensoría, se suma una protesta anunciada para mañana desde el 20 de setiembre. Aquel día, los miembros de la denominada Cumbre Macrorregional de los Pueblos del Sur del Perú, formada por dirigentes campesinos de la región, se reunieron en la capital puneña para plantear su agenda de demandas, entre las que se incluye el pedido de derogatoria de normas que consideran afectan los derechos de los campesinos y de sus tierras; así como el rechazo a la concesión de lotes a mineras y petroleras con fines de exploración y explotación.
La protesta se denomina "levantamiento de los pueblos quechuas y aimara". Según el dirigente campesino, Hugo Llano Mamani, se bloquearán las vías de acceso y salida de Puno. Igual se hará en el Cusco.
Al respecto, Paola Maldonado, de la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, señaló no haber recibido ningún documento en el que conste el pliego de reclamo de los campesinos.
La funcionaria reconoció que dicha protesta podría generar desbordes de violencia. Preocupa también que detrás de esta se encuentren dirigentes bolivianos y ecuatorianos, quienes han sido visto en las reuniones donde se aprobó la medida de fuerza.
CLAVES
A. Los cuestionamientos encendidos, que podrían derivar en confrontaciones violentas, también se repiten contra los alcaldes de las provincias de Juliaca, Huancané y Azángaro.
B. En Puno también hay rechazo a la actividad minera. El pasado martes, un grupo de pobladores tomó por cuatro horas el campamento Santa Ana de la minera Bear Creek.
C. Los Pueblos del Sur también piden la renuncia del presidente Alan García y el cambio de la política neoliberal.