Solo en Lima hay 400 funcionarios denunciados en lo que va del año

Por Nelly Luna Amancio

Como si se tratara de una ineludible condena, los países más pobres son también los que mayores índices de corrupción reflejan. Lo confirma, una vez más, el último reporte de Transparencia Internacional. Y el Perú --no obstante su hasta ahora imparable crecimiento económico-- no escapa a esta realidad: la corrupción continúa colándose en la administración pública.

Los audios del 'faenón' entre Rómulo León y Alberto Quimper muestran probablemente el caso más explícito de lo que sería el acto de corrupción más escandoloso en lo que va del año, pero obviamente no es el único. Se suman a este las irregularidades en el Banco de Materiales (Banmat), los bochornosos casos en el Congreso y otros que nuestro débil sistema anticorrupción --en palabras de los abogados del consorcio Justicia Viva-- no ha logrado advertir.

Según el estudio de Transparencia Internacional, el 53% de los encuestados peruanos señaló que la lucha del gobierno contra este tipo de delitos es ineficaz. Pero quizás uno de los hechos más sintomáticos de la situación en la que se encuentra nuestro sistema sea que el procurador ad hoc encargado de investigar los delitos contra la administración pública desde el 2002 hasta el 2011, Gino Ríos Patio, enfrente dos procesos por peculado: lo acusan de usar bienes del Estado en beneficio de sus familiares.

Entre enero y setiembre de este año --de acuerdo a información proporcionada extraoficialmente en el Ministerio Público-- las seis fiscalías provinciales especializadas en anticorrupción, así como las fiscalías superiores, han recibido --solo en Lima-- alrededor de 400 denuncias contra funcionarios públicos. Sin embargo, solo en muy pocos casos se han formulado las denuncias penales respectivas, y muchos menos otros son los que habrían llegado al Poder Judicial (no se precisaron cifras). Se supo que la mayoría se encuentra aún en investigación o pendiente de formular la denuncia.

¿A qué responde este lento avance? Como señala Lilia Ramírez, abogada del consorcio Justicia Viva, "el apoyo que el sistema judicial anticorrupción está recibiendo es casi nulo". Esta institución considera que hasta ahora se ha hecho muy poco para implementar las recomendaciones que la Comisión Especial para la Reforma de la Administración de Justicia (Ceriajus) hizo para enfrentar la corrupción. Y no se trata de un incremento de presupuesto, sino de por lo menos mantenerlo. Ramírez recordó cómo en esta gestión, por ejemplo, se ha reducido a la mitad el presupuesto de la procuraduría anticorrupción para los casos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

LA FIGURA DEL PROCURADOR
El Ministerio Público recibe las denuncias contra funcionarios no solo de civiles o el Congreso, sino sobre todo de las procuradurías, encargadas de defender al Estado de los actos delictivos.

Todos los ministerios y municipalidades cuentan con un procurador responsable de velar por los intereses de su institución, no obstante, el año 2000, cuando la corrupción se hizo aún más evidente, el gobierno de Fujimori implementó una procuraduría anticorrupción, la misma que años después (y hasta ahora) acabaría investigándolo a él y a Montesinos.

Luego, el gobierno de Alejandro Toledo implementó las procuradurías anticorrupción descentralizadas (29 en el país).

Así, desde el 2002 la Procuraduría anticorrupción de Lima (la misma que está llevando los procesos de Ríos Patio), a cargo de la abogada Julia Príncipe Trujillo, ha denunciado a más de 2.600 funcionarios públicos. De toda esta carga, hasta el año pasado fueron solamente 57 los sentenciados, en su mayoría por delitos de peculado y cohecho.

Si a los procesos que lleva Príncipe sumamos los casos que dirigen las procuradurías del Cono Norte y del Callao la cifra superaría los tres mil.

El número de funcionarios denunciados se eleva a 16.000 si se suman los procesos que manejan las otras 27 procuradurías descentralizadas. Fuera de esta lista se encuentran los casos de la procuraduría ad hoc para Fujimori y Montesinos.

El 2006, y pese a las existencias de estas procuradurías, el presidente Alan García decidió crear una nueva (la de Gino Ríos) para los actos de corrupción realizados durante la gestión de Toledo y las que podían desarrollarse durante su propia gestión. Fue entonces cuando --insiste la abogada de Justicia Viva-- comenzó el desorden: "Las funciones de esta procuraduría se superponen a las procuradurías descentralizadas".

La procuradora Príncipe explica que el despacho de Gino Ríos ve la corrupción que puedan cometer los altos funcionarios y el de ella, el resto. Pero eso no sucede en la práctica. El desorden es tal que el caso Quimper-León ayuda a entender el problema.

Difundidos los audios, el procurador del Ministerio de Energía y Minas denunció a los involucrados. Se suponía que, por las dimensiones del caso, la denuncia debió haber pasado a la procuraduría de Ríos (por tratarse Quimper de un alto funcionario), o al de Julia Príncipe, pero no ocurrió ni uno ni lo otro. El caso hasta ahora está en manos de Energía y Minas.

CORRUPTELAS Y SOBORNOS
Las debilidades del sistema anticorrupción influyen en la percepción de la ciudadanía. En el estudio de Transparencia Internacional el Perú aparece como un país corrupto (Ver infografía en la parte inferior).

Cuando a los encuestados se les pregunta si en algún momento pidió o pagó un soborno para obtener un beneficio dentro de la administración pública, el 18% dijo que sí: casi uno de cada cinco. Una cifra alarmante si se la compara con otros países de la región como Argentina (5%), Venezuela (12%) o Panamá (13%).

Un tema lamentable que también advierte este último informe es el hecho de que son los más pobres los más vulnerables. "Los encuestados con los niveles de ingresos más bajos son los más afectados por los pequeños sobornos, pues son los que tienen que pagar, a diferencia de los que tienen mayores ingresos, cuando buscan acceso a los servicios básicos", concluye el informe. Por si fuera poco, el 44% cree que la situación aumentará en los próximos años.

"Los delitos están tipificados, las herramientas legales para combatir la corrupción son expresas, pero hace falta voluntad política y judicial", insiste Lilia Ramírez. Como se ha visto, las denuncias son muchas, pero su judicialización es lenta.

SEPA MÁS
¿Cuáles son los delitos contra la administración pública?
Tráfico de influencias
El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe o promete para sí o para un tercero, cualquier ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. Si el agente es un funcionario público será reprimido con una pena de cárcel no menor de cuatro ni mayor de ocho años, además de la inhabilitación.

Peculado
El funcionario que se apropia o usa para sí o para otro bienes que le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

Concusión
El funcionario o servidor público que abusando de su cargo, obliga a una persona a dar indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

Cohecho
El funcionario que acepta cualquier favor para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones tendrá seis años de cárcel.

PARA RECORDAR
1. La Comisión Especial para la Reforma de Administración de Justicia (Ceriajus) recomendó la formación de una entidad de coordinación entre las diferentes instituciones involucradas con la administración de justicia.

2. También recomendó el desarrollo de cursos de especialización (para los procuradores) en temas financieros para abordar mejor las denuncias por enriquecimiento ilícito y la necesidad de que los delitos de corrupción no prescriban.