Los voceros de las cinco bancadas parlamentarias que investigarán la interceptación telefónica practicada en el transcurso del año a raíz del supuesto tráfico de pozos petroleros que motivó el cambio de Gabinete, se mostraron ayer de acuerdo en que se forme una comisión especial investigadora y que no sean las comisiones de Fiscalización o Inteligencia las que escudriñen el caso.
Consultados por este Diario, Aurelio Pastor (Apra), Rolando Souza (APF), Fredy Serna (UPP), Fredy Otárola (PNP) y Franco Carpio (UN) coincidieron en que lo más probable es que el pleno del Congreso apruebe mañana la formación de una comisión investigadora a pedido de sus respectivos grupos parlamentarios, la cual debería tener un plazo de 60 a 90 días para indagar y presentar un informe al país.
Por separado, dichos legisladores señalaron que dicho informe debía contener la identidad de las empresas y personas que ofrecen el servicio de espionaje telefónico tanto de manera abierta como encubierta.
Los congresistas que pertenecen a las bancadas de oposición señalaron que la investigación no podía estar en manos de la Comisión de Inteligencia porque esta es presidida por el oficialista Mauricio Mulder, quien se mostró de acuerdo con que su grupo esté alejado de las pesquisas.
En cuanto a la Comisión de Fiscalización, dijeron que por la cantidad de casos que investiga no se daría abasto para indagar un problema tan complicado.
EL DATO
El mercado local
La Comisión de Inteligencia del Congreso informó que unas veinte empresas se dedican en el Perú a ofrecer servicios de inteligencia empresarial. Efectivos policiales y militares están prohibidos de trabajar en ellas.