Enviar

Les tocó a los pensionistas

Por Virginia Rosas

"Así como Estados Unidos lanzó un plan de salvataje para los bancos, Argentina quiere salvar a sus jubilados. Nadie puede garantizar mejor los pagos de sus pensiones a los jubilados que el Estado".

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lanzó, sorpresivamente, el martes, un plan de reestatización del sistema de pensiones argentino con la aparente finalidad de proteger a los futuros jubilados de la caída de la rentabilidad que han sufrido los fondos privados --compuestos en un 70% por bonos y acciones-- debido a la crisis financiera mundial.

Las aseguradoras de pensiones argentinas fueron creadas en 1994 --justamente para que los argentinos pudieran vivir una vejez digna-- y funcionan de manera paralela con el régimen estatal.

El proyecto de ley, que Fernández espera sea aprobado por el Congreso antes de fin de año, establece la eliminación del sistema privado de pensiones y la creación de un sistema estatal único (Sistema Integrado Previsional Argentino). De esta manera, los fondos de los 9,5 millones de afiliados al sistema privado y los 3,5 millones que decidieron quedarse en el sistema estatal serán manejados por la Administración Nacional de la Seguridad Social que será controlada por una comisión integrada por seis senadores y seis diputados.

Hasta ahí todo parecería plagado de buenas intenciones para con los jubilados y sus pensiones. Pero la Argentina es un país quebrado, que desde el 2005 no puede financiarse en los mercados de capitales porque sus fondos pueden ser embargados por acreedores privados.

Fue entonces que el gobierno de Néstor Kirchner acudió ante el omnipresente Hugo Chávez, quien lanzó una emisión directa de bonos por 7 mil millones de dólares, que Argentina debe pagar con una tasa superior a la del mercado (15%) y cuya fecha de vencimiento es en el 2015.

La necesidad de financiamiento para el servicio de la deuda argentina ascenderá a 40 mil millones de dólares entre el 2009 y el 2010. No resulta descabellado, entonces, pensar que la estatización de las empresas de pensiones no tiene como finalidad mejorar la suerte de los jubilados, sino apropiarse de los fondos privados como ya lo han hecho gobiernos anteriores.

Apenas se supo la noticia, el martes, la bolsa de Buenos Aires reaccionó con la mayor caída en cuatro años.

Para los argentinos, que en menos de una década han sufrido toda clase de catástrofes financieras, como el 'corralito' impuesto en el gobierno de Fernando de la Rúa en el 2001 --que impedía el retiro de dinero en efectivo de las cuentas de los ahorristas para evitar la salida del dinero del sistema bancario--, la estatización de sus pensiones en estas condiciones solo puede ser una nueva fuente de incertidumbre.