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¿Qué es ser un abogado del diablo?

Por Rocío La Rosa Vásquez

Armando Lengua Balbi, Javier Valle Riestra y César Nakazaki son algunos abogados que pasarán a nuestra historia jurídica por haber defendido algunas de la causas más polémicas, complejas y hasta mediáticas.

Muy fieles al origen etimoló-gico de su profesión acudieron al llamado de auxilio (advocatus en latín) de sus acusados y en esos avatares han probado el éxito pero también la derrota profesional.

TREN ELÉCTRICO, CLAE Y MÁS
En la década del ochenta, durante el primer gobierno de Alan García, Lengua Balbi defendió a los bancos y entidades financieras en el proceso judicial abierto tras el intento de estatizar la banca de 1987.

La polémica medida nunca se concretó y García reconoció hace poco en uno de sus libros que mejor que eso hubiera sido "girar a la inversión externa o proceder a una reforma tributaria".

Otro de sus clientes fue el italiano Sergio Siragusa, que resultó involucrado en el juicio de las maniobras dolosas detectadas en la construcción del hasta ahora fantasmagórico Tren Eléctrico. En este episodio logró que una sala le diera a Siragusa la condición de testigo.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori a Lengua Balbi le tocó abogar por Carlos Manrique, el entonces cuestionado presidente de CLAE, entidad del sistema financiero piramidal que estafó a más de 150 mil ahorristas. Manrique fue condenado a ocho años de prisión, pero un juez le dio libertad condicional antes de cumplir su sentencia. Hace unos meses volvimos a tener noticias suyas y, ¡oh sorpresa!, continúa en las mismas andanzas.

Este especialista en litigios civiles y penales, contencioso-administrativos y acciones de amparo también trabajó para cinco no menos famosos militares: los miembros del grupo Colina y su participación en la matanza de Barrios Altos.

Lengua litigaba para que fueran favorecidos con la controvertida Ley de Amnistía 26479. Y así fue. Entre ellos se encontraban el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, general Julio Salazar Monroe, el mayor Santiago Martin Rivas y los suboficiales Nelson Carbajal, Juan Sosa y Hugo Coral. A casi todos ya los hemos visto desfilar en las sesiones del juicio a Fujimori.

Siete años después ocurrió el incendio de la discoteca Utopía en Surco, donde murieron 29 jóvenes. El penoso juicio se prolongó por casi dos años y el letrado asumió la defensa de Fahed Mitre, uno de los accionistas del local. El empresario y ex cantante fue absuelto porque el juez precisó que el hecho de que fuera accionista no implicaba su responsabilidad penal.

EL FUERTE DE VALLE RIESTRA
Su largo nombre le hace honor a sus prolongados 51 años de ejercicio. Aunque para el congresista Javier Maximiliano Alfredo Valle Riestra González Olaechea no son suficientes y espera que su pedido de renuncia se resuelva cuanto antes para dejar los pasillos parlamentarios y volver a caminar por los judiciales.

En 1993 le tocó defender al general EP Jaime Salinas Sedó, que a finales de 1992 encabezó un fallido golpe de Estado contra el gobierno de Fujimori. Salinas fue condenado a ocho años de prisión por un tribunal militar, pero fue amnistiado cuando llevaba casi tres años de encierro en el cuartel Real Felipe.

Sin embargo, como Valle Riestra mismo apunta, su fuerte son los hábeas corpus. Por ejemplo, los que permitieron el retorno de su colega Alberto Borea de un exilio en Costa Rica, o la liberación de los hermanos Ollanta y Antauro Humala.

Estos últimos se levantaron contra el régimen fujimorista en el 2000, aunque no faltó quienes señalaron después que se trató de una cortina de humo para que Vladimiro Montesinos pudiera fugar a Panamá.

Con esta carta de defensa, una de sus mayores satisfacciones ha sido limpiarse a sí mismo. "Lo hice cuando la revista 'Oiga' me calumnió al decir que yo había recibido un pago de unos hacendados que habían sido mis clientes. Me vi obligado a un exilio de siete años en España".

La dictadura de Juan Velasco pidió su extradición al Consejo de Ministros de España del gobierno de Franco. La solicitud fue denegada por considerar que se trataba de una persecución política.

"La Corte Suprema de Justicia del Perú me absolvió en ausencia. Fue muy difícil porque me enfrentaba al gobierno militar".

Vale decir que fue el primer peruano que pudo ejercer su profesión en España y eso lo enorgullece. Asegura que en estos más de cincuenta años de ejercicio perdió los casos que sabía iba a perder y ganó los que tenía la convicción de que así sería.

También ha deseado llevar casos de otros. "El caso de Alan García cuando el gobierno de Fujimori volvió a denunciarlo cuando ya existía cosa juzgada. Le tocó a Jorge del Castillo".

EL ESTUDIO DE NAKAZAKI
Quizás el nombre de César Nakazaki empezó a sonar con más fuerza cuando le tocó defender al congresista Alberto Kouri, que había recibido US$15 mil para pasarse al fujimorismo.

El argumento de Nakazaki fue que Kouri no era aún funcionario público cuando recibió el dinero. Su cliente fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Otros clientes fueron los hermanos Winter y actualmente, además del ex presidente Alberto Fujimori, el otrora jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza.

El estudio Sousa&Nakazaki también asumió la defensa de la familia Sánchez Paredes y recientemente la del alcalde de Pucallpa Luis Valdez. Ambos procesos --por vínculos con el narcotráfico-- siguen pendientes.

En su momento también defendió a los deudos de Utopía y entre sus clientes del mundo de la televisión no solo figura Magaly Medina sino también la conductora Jeanet Barboza. Por esas cosas de la vida, en esa oportunidad fue Barboza la que demandó por difamación, calumnia e injuria al maquillador Carlos Cacho.

Si bien es cierto, en algún momento estos y otros letrados fueron blanco de críticas por sus polémicos clientes, el ex defensor del Pueblo Walter Albán recuerda que toda persona tiene derecho a un patrocinio y estos profesionales a proporcionarlo.

Eso no quita que subraye la necesidad de que el actual Código de Ética del Colegio de Abogados se adecúe a los tiempos actuales.

Albán recuerda que solo en Lima ejercen más de 60 mil profesionales y el código ya resulta obsoleto. Su idea es que "debería ser más preciso para resolver dilemas como el conflicto de intereses". Todo sea en beneficio de la profesión.

Algo preparan los futuros letrados
Mientras escribíamos esta crónica nos enteramos de que un grupo de estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú alista para este 4 de noviembre la entrega de información que permita hacer notar a las autoridades la necesidad de actualizar el Código de Ética del Colegio de Abogados.

El compendio será entregado a las principales autoridades judiciales con la idea de promover una campaña nacional durante el 2009.

Otra preocupación de los estudiantes es la debida acreditación de las facultades de Derecho en el país.