Hace poco Manuel Burga se vio obligado a hacer una solicitud insólita: pedirle prestado dinero a la ADFP para cubrir los gastos de la selección de mayores, que debía viajar a Bolivia y Paraguay para jugar las Eliminatorias.
Aunque finalmente retiró su solicitud, la noticia dejó en evidencia hasta qué punto el enfrentamiento con el gobierno ha afectado a la FPF. Como su directiva no tiene reconocimiento legal, no cuenta con representantes válidos y sus cuentas bancarias han quedado bloqueadas. Por eso tiene problemas para disponer de sus fondos, incluso del dinero que la FIFA le remite por concepto de asistencia financiera. La escuela Huapaya, que le servía como vía alternativa para hacer movimientos, fue intervenida hace meses.
El IPD, en un oficio remitido a la Conmebol el viernes, señala que la directiva de la FPF elegida en la asamblea del 5 de octubre del 2007 carece de representatividad, debido a que su inscripción ha sido rechazada por Registros Públicos.
Efectivamente, los abogados de la Videna han intentado, al menos en tres ocasiones, inscribir a la nueva directiva y algunos cambios en los estatutos, y siempre han sido rechazados, con varias observaciones. Una de ellas --la más difícil de subsanar-- señala que, de acuerdo con la Ley del Deporte, para poder ser reconocida, la directiva debe contar con el reconocimiento expreso del IPD.
Sin embargo, mal podría el IPD reconocer a Burga, debido a que sobre él pesa una inhabilitación de cinco años (vigente desde julio del 2006), emitida por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, debido a que no cumplió con adecuar los estatutos de la FPF a la Ley del Deporte.
En su defensa, la FPF alega que la modificación no depende de los directivos, sino de la asamblea de bases. Pero también es cierto que algunos artículos de la ley colisionan con los estatutos de la FIFA. El reclamo de Burga se ha llevado al Poder Judicial.