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Deslinde necesario entre las prácticas legales y las ilegales

Por: Juan Paredes Castro |

El endurecimiento del Ministerio Público en la investigación del 'chuponeo' telefónico, poniéndola ahora en manos del área especializada contra el crimen organizado, representa todo un golpe de timón, pero que debería incluir otro muy importante.

¿Cuál sería ese otro golpe de timón? Que la fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaíz, disponga un primer deslinde drástico de responsabilidades, en el propio Ministerio Público, en la Policía Nacional y en la Justicia, para saber si los métodos y prácticas de interceptación telefónica legal, contra el crimen organizado (secuestros, narcotráfico y terrorismo, entre otras cosas) no están derivando hacia la informalidad y la actividad delictiva.

El deslinde paralelo o siguiente tendría que hacerse con las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, con el otrora SIN, que no sabemos qué es realmente ahora. El propósito vendría a ser el mismo: qué información de inteligencia lícita opera hacia adentro y qué información de inteligencia ilícita podría haber fugado o estar fugando hacia fuera y formando parte de las mafias y del mercado del 'chuponeo' que atenta contra el secreto de las comunicaciones.

Recuérdese que el desmantelamiento de las estructuras, aparatos, tecnología y personal del otrora SIN creó en el país una masa dispersa de fines y medios de inteligencia delictiva contra la cual no ha sido posible implantar coerción policial, fiscal o judicial alguna. Al revés: lo que se ha expandido alrededor de este complejo oscuro de operaciones destinadas al chantaje, al robo, al secuestro y al tráfico de negocios e influencias, es, por donde se le mire, la impunidad.

El giro de 180 grados que acaba de dar el Ministerio Público al elevar sustancialmente el nivel de investigación del 'chuponeo' tendrá que ser más creíble y eficaz en la medida que Echaíz y el equipo de fiscales que la secundan logren despejar --antes que nada-- que la interceptación telefónica lícita, es decir aquella que se realiza por mandato judicial, no incuba ni encubre otra distinta reñida con la ley. De ello queremos estar seguros antes de que el Estado empiece a mirar la viga en el ojo ajeno.

Entretanto, bienvenida la fiscalía contra el crimen organizado a la investigación de un tema, el 'chuponeo' telefónico, que habiendo servido en las últimas semanas como fuente de revelación de oscuros negociados de concesiones petroleras, no puede quedarse colgado de la brocha, precisamente por su naturaleza ilegal.

Es también deber del periodismo demandar estos necesarios deslindes para conocer y separar más exactamente la paja del trigo.