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Una distorsión del Estado

Por Luis V. Chang. Ex ministro de Transportes

La corrupción es una actividad delictiva inevitable en los países como el nuestro. En los años 80, el Banco Mundial inició una cruzada para disminuir la corrupción al verificar que entre el 30% y 50% de los montos presupuestados en los proyectos públicos se perdían en manos de los corruptos. Al estudiarse el problema se encontró que en los países menos desarrollados del África, Asia, y Latinoamérica la corrupción era muchísimo mayor que en los europeos. En los países menos desarrollados los ciudadanos buscaban otras formas de acceder a sus derechos. Para ello era necesario procurarse amigos de poder, establecer compadrazgos para asegurarse un mejor futuro para él y los suyos.

Al negociarse un contrato entre empresas privadas se obtienen descuentos, cuando este contrato es entre una privada y otra estatal se ofrecen comisiones. A consecuencia del estudio, el Banco Mundial recomendó entonces persistir en acciones de desarrollo como es usual, pero mientras eso se logra y para disminuir los efectos de la corrupción, debía reducirse la actividad empresarial del Estado al máximo posible.

En el Perú en la década de los años 80 a las empresas del Estado nunca les alcanzaba el presupuesto, y los poderosos abusaban de ellas. A Electro-Perú, la llamábamos el "hueco negro", nunca sabíamos qué pasaba con sus contratos ni cómo se renegociaban. Igual pasaba con la Compañía Peruana de Teléfonos. ¿Recuerdan lo que teníamos que esperar, y pagar por debajo de la mesa, para conseguir una línea telefónica; recuerdan que teníamos que comprar grupos electrógenos para suplirnos de electricidad? Felizmente esto se superó cuando el Gobierno de los años 90 privatizó algunas de esas empresas, no todas las que hubiéramos querido. Los servicios eléctricos y de comunicaciones, hoy en manos del sector privado, son mucho más eficientes y no tenemos escándalos por corrupción. Esto no es así con las empresas petroleras, de puertos, aeropuertos, agua y saneamiento, que siguen en manos del Estado.

No se entiende cuál es la razón por la que las actividades petroleras se encuentren en manos del Estado. Igual razonamiento debemos aplicar al sector del agua y saneamiento que es el peor servicio público del país y principal causa de pobreza. Si queremos disminuir la corrupción y, además, mejorar la eficiencia de estos servicios, debemos transferirlas al ámbito del sector privado.

Los defensores de mantener las empresas en el sector estatal siempre dirán que son empresas estratégicas. Nada más falso y demagógico. El Estado siempre va a tener el control de esos servicios a través de buenos contratos y de una fuerte regulación. Busquemos una mayor eficiencia en los servicios y evitemos escándalos como el reciente en el que un Gobierno deviene en crisis por causas de la corrupción.