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¡No a los desestabilizadores del sistema democrático!

En los últimos días se ha producido una gravísima andanada de conflictos sociales en diversas zonas del país que deben merecer la atención prioritaria del Gobierno y del resto de autoridades, antes de que alteren aun más la paz social y pongan en riesgo el sistema democrático.

No creemos que sea producto del azar la orquestación de estos conflictos, por parte de grupos de extrema izquierda como Patria Roja, justo cuando el país se apresta a recibir a decenas de dignatarios extranjeros en la cumbre del APEC.

Hay, entonces, que distinguir entre aquellos conflictos que tienen causas motivadas de aquellos otros que son simples maneras de desestabilizar la democracia. La Defensoría del Pueblo cumple con alertar periódicamente sobre los conflictos antiguos y nuevos, pero ello no se condice con la poca eficiencia de la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM.

¿Y qué hacen, en tanto, los servicios de inteligencia del Estado? ¿Es que se quiere obligar al jefe del Gabinete Yehude Simon a seguir aplicando la fracasada política del bombero, solo para apagar incendios, sin trabajar en su prevención?

Existen, por cierto, reclamos de alguna manera legítimos que, como otros similares, pueden evitarse. Por ejemplo, el eterno enfrentamiento entre Tacna y Moquegua por el reparto del canon minero o el conflicto en Nueva Cajamarca (San Martín) a partir de los excesos policiales al ejecutar una orden de desalojo.

Hay que enfatizar la responsabilidad que deben asumir, y no lo hacen, las autoridades regionales, que facilistamente derivan todo al Gobierno Central. En lugar de ello, tienen que promover mesas de diálogo, donde los grupos en discordia puedan exponer sus problemas y contribuir, junto con autoridades y técnicos, a identificar y mitigar los conflictos antes de que exploten.

Sin embargo, hay otro tipo de conflictos que no resisten análisis a la hora de buscar causas legítimas. Así, en Cajamarca, cuando ya la mayoría de pobladores había aceptado suspender el paro, sobrevino la actitud intransigente de Patria Roja que no buscaba soluciones sino frustrar la tregua. En el caso de Sicuani, la protesta era inicialmente contra la construcción de una hidroeléctrica, bajo la absurda pretensión de que se afectarían los recursos hídricos a los agricultores, pero luego, cuando se anunció la paralización de las obras, se arguyó que se protestaba también contra la expansión de las empresas mineras en la zona.

No hay que confundir democracia con debilidad. Así como apoyamos la institucionalización de las mesas de diálogo para canalizar demandas justas, con el mismo énfasis debemos exigir al Gobierno que actúe con firmeza usando todas las armas de la ley para identificar, capturar y sancionar a quienes promueven una agenda politizada y desestabilizadora contra el sistema democrático que tanto nos ha costado recuperar.

No podemos ser ingenuos ni débiles ante lo que parece ser una recusable maniobra, orquestada por grupos ultramarxistas y seudonacionalistas que exacerban irresponsablemente la violencia y solo traen más confrontación, aislamiento y pobreza.