Por Elizabeth Salazar Vega
La noche del 29 de setiembre, policías de la División contra la Trata de Personas irrumpieron en dos clubes nocturnos de Mala ubicados en el kilómetro 100 de la Panamericana Sur. Los datos recogidos días atrás resultaron certeros: en esos locales hallaron a cuatro menores, de entre 14 y 17 años, traídas con engaños de San Martín, Áncash y Lambayeque para explotarlas sexualmente.
Si bien la PNP detuvo a los administradores y la fiscalía los denunció, en esta y otras intervenciones contra la trata, el problema adicional son las víctimas.
"Cada vez que intervenimos un foco de explotación no sabemos adónde llevarlas", explica el comandante Carlos Salazar, de la Dirincri.
Esa noche las puertas del Inabif permanecieron cerradas pues sus funcionarios adujeron --y con razón-- tener los ambientes saturados. Las menores hubieran pasado la noche en una comisaría si no fuera porque una ONG aceptó acogerlas temporalmente.
"Atender a las víctimas de trata es difícil. Presentan delirios de persecución y desconfían de todo. Otras creen que la prostitución es el camino que les queda", explica el psiquiatra Freddy Vásquez.
El abogado Carlos Romero, va más allá: "Al ser personas que han escapado de mafias, su vida y la de sus familias pueden peligrar y por ello es necesario que el Estado las proteja".
CAMBIO DE ROLES
La Ley 28950, de enero del 2007, define por primera vez el delito de trata como aquel en el que se capta, traslada y retiene a otra persona para comercializarla en la prostitución, trabajos forzados, mendicidad u otros. En dicha norma el Estado se comprometió a "proporcionar a las víctimas () como mínimo la repatriación segura, alojamiento transitorio, asistencia médica, psicológica, social, legal, mecanismos de inserción social, además de medidas de protección". Han pasado casi dos años y el Ejecutivo aún no publica el reglamento de esta ley, por lo que no se puede precisar qué entidades asumirán estos compromisos.
Este Diario pudo conocer que el texto del reglamento señalaba al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) como responsable de habilitar albergues para estas personas, pero su contenido ha sido modificado a pedido del sector alegando no tener la capacidad ni la infraestructura necesaria. Ahora, según el texto propuesto, el Mimdes solo coordinará con otras entidades a fin de cumplir el objetivo.
Javier Ruiz Eldredge, representante del Mimdes, confirmó que pidieron esta modificación "por falta de presupuesto, pero no estamos rehuyendo nuestra responsabilidad. Veremos la forma de acogerlos con apoyo de las ONG y otras entidades".
NO SON ESPECIALIZADOS
Para personal de la Dirincri y de la Fiscalía de Familia, si no se construye un centro especial, el problema continuará ya que el Mimdes pide avisar del rescate 15 días antes a fin de conseguir un espacio, algo difícil cuando son intervenciones sorpresivas. Además, dicen, las entidades privadas presentan saturación y no son especializadas en trata.
En Lima se usan las instalaciones del Hogar Santa Rosa, cuya especialidad es atender a madres adolescentes, del Inabif y los centros preventivos de la PNP, pese a que son para niños en abandono. Con ello, según Eldredge, se cubre la atención a menores víctimas de explotación sexual, que es la modalidad más común de trata, pero para adultos no hay opciones.
"El sistema actual no garantiza una atención adecuada. El Mimdes no se puede amparar en la falta de presupuesto ya que debió establecerlo en sus prioridades anuales", dice Lourdes Febres, de Acción por los Niños.
Los miembros de la Mesa Intersectorial de Lucha contra la Trata de Personas, integrada por ministerios e instituciones, se reunirán en los próximos días para analizar el tema.
Decisión política atrasa reglamento
A inicios del año, Antonio Encinas, asesor en Derechos Humanos del Ministerio del Interior (Mininter), dijo que el texto del reglamento estaba listo el 2007, pero la PCM no lo puso en agenda. Luego hubo cambios en el Gabinete y los nuevos ministros pidieron que el documento vuelva a sus despachos para que sean ellos quienes pongan la rúbrica.
El reglamento está ahora en manos del Mininter y de ahí deberá ir a la PCM para obtener su ratificación. En dos meses tendría que ser publicado.
SEPA MÁS
Cambios de forma y fondo
4Texto del prerreglamento referido a la responsabilidad del Mimdes: "Artículo 30. 2.- Proporcionar alojamiento transitorio. Este alojamiento se extenderá a sus familiares directos dependientes si existiera grave peligro a su vida o a su integridad personal".
4Texto propuesto: "Art. 30.2: Coordinar con instituciones públicas y/o privadas el alojamiento transitorio para las víctimas del delito de trata de personas, brindándoles atención y apoyo en tanto su condición de población en riesgo".
4El Ministerio Público anunció que en breve instalará, por su cuenta, un albergue para víctimas de trata. El Mimdes viene coordinando con las Demuna y otros organismos para contar con una red de atención rápida.