Tacna perdió unos S/.15 millones en tres días de violentas protestas

Primero fue la violencia y ahora es otra cara de la protesta la que viven los tacneños tras la modificación de la ley del canon minero. Según informó Carlos Gonzales Kok, presidente de la Cámara de Comercio de Tacna, en cada día de protesta se han perdido entre S/.4 millones y S/.6 millones por la suspensión de las actividades comerciales, especialmente el transporte, el comercio y el turismo. Es decir, ya se han perdido alrededor de S/.15 millones.

Desde que se inició la protesta, el miércoles, los vehículos dejaron de circular, los comerciantes no atendieron y los 3 mil turistas chilenos (más los que viajan desde otros puntos del país) no pisaron suelo tacneño por lo violenta que se tornó la situación. Ayer los mercadillos del centro de la Ciudad Heroica permanecían cerrados, mientras grupos de gente se reunían en las calles.

Se espera que en las próximas horas la calma vuelva a la ciudad, aunque ayer se registraron nuevos bloqueos, específicamente a la altura del puente Camiara, en el distrito de Locumba, donde un grupo de 200 manifestantes interrumpió el tránsito por unas horas. Sin embargo, la vía fue despejada por efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). En total, según indicó el ministro del Interior, Remigio Hernani, han sido enviados 1.500 efectivos policiales.

Durante la tarde hubo nuevos enfrentamientos entre policías y manifestantes, que dejaron al menos cinco heridos graves. Surgió la versión de una persona fallecida, aunque luego fue desmentida por la policía.

"La vía hacia Arica está libre, pero hay escaso tránsito debido a que en Chile se informó de los disturbios en esta zona", comentó el general Roberto Villar Amiel, jefe de la Undécima Dirección Territorial Policial.

Desde varios frentes del Ejecutivo han surgido voces pidiendo sanciones para los manifestantes que hayan causado destrozos. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, comentó que de todas maneras se tomarán medidas.

El propio Frente de Defensa de los Intereses de Tacna rechazó los actos vandálicos. Mediante un comunicado, sin embargo, este bloque puso de manifiesto su desacuerdo con la modificación de la ley del canon minero.

En Lima, las reuniones sostenidas entre Simon y el presidente del Gobierno Regional de Tacna, Hugo Ordóñez, no han tenido aún resultados concretos.

Ordóñez dice que insistirá en la derogatoria de esta ley. Simon ha respondido, a modo de promesa, que "Tacna no puede ser olvidada y no será olvidada".

CLAVES
La resaca del vandalismo
1. Según información enviada al Congreso, la ejecución presupuestal de Tacna apenas llega al 14%, de S/.349 millones en total.

2. El Partido Nacionalista presentará un proyecto para modificar la ley del canon con compensaciones para las regiones de donde se extraigan recursos.

3. Tacna espera que hoy retornen de Lima los funcionarios que se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon.

4. Hasta el momento se ha dado cuenta de 12 detenidos por los actos vandálicos ocurridos a partir del jueves en distintos puntos de la región.

PUNTO DE VISTA
Compensar con inversión estatal*
La Constitución reconoce el derecho de los pueblos a beneficiarse de los recursos que se explotan en su territorio, pero estos son patrimonio de la nación. Le corresponde al Estado determinar la forma de distribución del canon.

La Constitución le atribuye al legislador el poder de determinar cuál es dicho sistema entre varios posibles. Por eso no era inconstitucional determinar el canon por el material removido o hacerlo a partir del mineral extraído, pues si bien el segundo método es más ortodoxo, el primero podía justificarse a partir del impacto negativo de la actividad minera.

Las consecuencias prácticas del sistema elegido no difieren mucho de las del segundo (aunque puede presentar problemas operativos al afectar a todas las empresas mineras que operan en dos lugares). Sin embargo, sería constitucional, pues el Estado habría elegido entre uno de los sistemas posibles, sin que sirva de excusa para actos violentos al no quedar todos contentos.

Claro está que esto no implica negar la necesidad de compensar a los lugares afectados con este cambio con más inversión estatal.
* Víctor Baca. Especialista en Derecho Administrativo