Citarán a jefes de empresas de seguridad por 'chuponeo'

Por Óscar Castilla C.

Las investigaciones sobre los casos de 'chuponeo' llegarían hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto, el congresista José Vargas (Apra), quien integra la recién creada comisión que investigará la interceptación, dijo ayer que se citará a los jefes o representantes de las empresas que brindan el servicio de seguridad de información e inteligencia. Además, a las personas que resultaron agraviadas con la violación de sus comunicaciones y a los que tuvieron acceso inicial a los audios, producto del espionaje, que luego fueron ventilados en los medios de comunicación.

El legislador aprista dijo que mañana se elegiría al presidente de dicha comisión investigadora y que este no debería ser un fujimorista, pues fue durante este régimen cuando el 'chuponeo' alcanzó su máxima expresión.

FISCALÍA INVESTIGA 13 CASOS
El Ministerio Público detectó 13 casos de violación del secreto de las comunicaciones o 'chuponeo' en los dos últimos años, gracias a denuncias de parte e investigaciones de oficio que involucran a personas particulares y empresas que brindan servicios de seguridad de información y contrainteligencia. La última investigación que llegó a la fiscalía está referida a las conversaciones grabadas entre el prófugo Rómulo León y el abogado Alberto Quimper.

Esta información, que obra en el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, también refleja lo complejo y difícil que resulta investigar los casos de interceptación telefónica ya que generalmente no quedan indicios tras realizarse este ilícito, y por lo tanto son enviados al archivo.

Por ejemplo, hasta ahora no se ha establecido --en los 13 casos en manos de la fiscalía desde enero del 2007-- la responsabilidad plena de los denunciados.

Entre las personas que, según estas cifras, denunciaron ser víctimas del 'chuponeo' tenemos al presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar (investigación en Primera Fiscalía Provincial de Huaraz); al congresista y presidente de la comisión que investiga la corrupción en el Caso León-Quimper, Daniel Abugattas Majluf (en la Fiscalía Penal 57 de Lima); al periodista de El Comercio Juan Paredes Castro (en la Fiscalía Penal 43 de Lima), así como al ex canciller Francisco Tudela (en la Fiscalía Penal 26 de Lima), entre otros.

Mientras Álvarez denunció que grabaron de forma ilegal una de sus llamadas telefónicas, Abugattas señaló que se habían interceptado las líneas telefónicas del Congreso.

En el caso de Paredes Castro se detectó un artefacto colocado en un poste de telefonía cerca de su casa. En todos estos casos la fiscalía no ha determinado, de forma fehaciente, quiénes estuvieron detrás del 'chuponeo'. En tanto, Tudela denunció ante la fiscalía a la empresa Andrick Service S.R.L., que tiene como gerente general al capitán de fragata, Erick del Águila Villar.

Fuentes judiciales revelaron que la información del Observatorio de Criminalidad será solicitada por el fiscal superior Mateo Castañeda, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, que encabeza una investigación para ubicar a los responsables de los casos de interceptación perpetrados en los últimos años.

Las fuentes recordaron que las cifras del Observatorio de Criminalidad no incluyen los casos de interceptación registrados desde la caída del fujimorismo, entre el 2000 y el 2006. Sin embargo, se sabe que las investigaciones fiscales en los casos de 'chuponeo' denunciados por la periodista Rosa María Palacios, por el cardenal Juan Luis Cipriani y por el presidente Alejandro Toledo (todos en el 2003) no lograron identificar a los responsables.

EL DATO
Silencio en Palacio
No hubo reacción en Palacio de Gobierno luego de conocerse dos diálogos telefónicos interceptados de León Alegría con Mirtha Cunza, secretaria del presidente Alan García.

PUNTO DE VISTA
Grandes  Interrogantes*
El interceptor es un personaje que sin nuestro permiso se introduce en nuestra vida privada e íntima. Esto de por sí es una violación --que el Estado está permitiendo y que tiene la obligación de detener-- a nuestra vida personal.

El problema adquiere características insospechadas cuando se ingresa a la intimidad de actores cuyas decisiones competen a la estabilidad de la nación y a la seguridad del país. Después de informarnos que se ha llegado a 'chuponear' el teléfono de la Presidencia de la República el fenómeno ha tomado una dimensión singular.

Solo se ha hecho público una conversación con la señora Mirtha Cunza, secretaria de la Presidencia, que abre un abanico de interrogantes. ¿Desde cuándo está interceptado ese teléfono? ¿Quién más esta interceptado? Hoy nadie puede decir que su teléfono esté libre de esta práctica.

Es evidente que se impone una investigación profunda para descubrir quiénes han sido los responsables de este delito, cuáles han sido las verdaderas intenciones de los interceptores. También es de vital importancia para la seguridad nacional que exista un registro de teléfonos encriptados que permitan hablar con libertad a los actores políticos, en cuyas manos están las grandes decisiones de temas que afectan a todos los peruanos.
* JUAN VELIT GRANDA. Analista político