Hoy se instalaría comisión que verá espionaje telefónico

Pese a la necesidad de esclarecer quiénes son los responsables del 'chuponeo' que originó los polémicos 'petroaudios', recién hoy se estaría instalando la comisión parlamentaria que investigará las interceptaciones telefónicas ilegales. Este grupo de trabajo debió formarse ayer por l a tarde, pero no ocurrió así.

Según el congresista Walter Menchola (UN), uno de los miembros de ese grupo de trabajo, todavía no se ha recibido ninguna comunicación por parte de Oficialía Mayor sobre quién instalará y presidirá la citada comisión, razón por la que se estaría demorando la instalación.

Todo indica que, aparentemente, hay una pugna entre los legisladores por la presidencia de esa comisión investigadora. Este cargo le correspondería al fujimorista Rolando Sousa, pues fue él quien presentó la propuesta de crear tal grupo de trabajo.

Sin embargo, días antes su colega aprista José Vargas opinó que Sousa no debería presidir la comisión porque en el régimen fujimorista se espiaban las conversaciones de políticos, periodistas y empresarios. Sousa, en cambio, ha dicho que "no hay ningún fujimorista disminuido en su derecho para presidir una comisión".

Aunque todavía no se conoce el plan de trabajo, Vargas adelantó que este grupo debe modificar la ley que sanciona esta práctica ilegal para incorporar penas más severas.

NO CITARÁN A GARCÍA
A pesar de que ayer por la mañana el presidente Alan García se mostró de acuerdo con que su secretaria, Mirtha Cunza, declare ante la comisión que investiga la adjudicación irregular de contratos petroleros, ese grupo de trabajo descartó por mayoría el pedido del congresista Édgard Reymundo (UPP) de citar tanto el jefe del Estado como a su secretaria.

Horas antes de conocerse esta decisión, diversos parlamentarios, al igual que el canciller José Antonio García Belaunde, se habían pronunciado en contra de este pedido.

EL DATO
Para ser estudiado
El fujimorista Rolando Sousa dijo que presentará un proyecto de ley para que la prensa no pueda difundir audios o videos de origen ilegal si no cuenta con un permiso judicial.