El Poder Ejecutivo dispuso crear la Comisión de Defensa Legal del Ministerio de Defensa para evaluar las solicitudes que presenten los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional involucrados en investigaciones, denuncias o procesos judiciales por presunta violación contra los derechos humanos.
El grupo será presidido por el secretario general del Ministerio de Defensa e integrado por la directora general de Planificación, Presupuesto e Inversión para la Defensa y el director de Asesoría Jurídica de la misma cartera.
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, indicó que los oficiales y el personal de tropa de las Fuerzas Armadas investigados o procesados tendrán similares derechos en la defensa.
Con el nuevo régimen, los costos de defensa legal que brinde el Estado y su reembolso en caso de sentencia condenatoria no estarán sujetos a la garantía hipotecaria, con lo que no se pondrá en riesgo la vivienda del afectado.
También pidió acelerar los juicios a los 600 militares procesados por presunta responsabilidad en los excesos cometidos durante la lucha contra la subversión.