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"Se debe investigar cadena de 'chuponeo'"

Por Gino Piaggio Valdez

Hay dos investigaciones en marcha en el Ministerio Público y el Congreso sobre el caso de los 'petroaudios' y de las interceptaciones telefónicas. ¿Cómo ve el tema?
Aquí hay un típico caso de conflicto de derechos constitucionales. Por un lado tenemos el derecho a informar, pero por otro el derecho a la intimidad y privacidad de las comunicaciones. A mi criterio, en el caso de los funcionarios públicos, así como se limita la valla de la intimidad personal en relación a los asuntos públicos, también puede entenderse limitada la valla de esa privacidad en relación a las comunicaciones privadas.

¿Habla de cualquier comunicación privada?
No. Solo las que se refieran a temas públicos. Recordemos que una persona puede hablar con su esposa, con su hija, con su amante, sobre una enfermedad que padece o cualquier cosa que no le interesa ni incumbe a nadie. Esa intimidad no puede limitarse por más funcionario público que sea, pues existe un ámbito privado que no puede ser invadido. Hay que resaltar que los audios producto del espionaje industrial, judicial, etc., que revelan estrategias, no se pueden equiparar con los que desenmascaran un acto delictivo. Los primeros son ilícitos, mientras los últimos sí pueden ser aquilatados por el juez para determinar su validez.

¿Será posible, en el tema de las interceptaciones telefónicas, llegar al fondo del asunto? ¿Qué hace falta?
Creo que debe investigarse a fondo a aquellas personas o empresas que se arrogan una facultad que no tienen, que es la de hacer una suerte de cadena de interceptaciones. Ellas están cometiendo delitos y violando los derechos constitucionales de los individuos, en tanto están realizando tareas prohibidas por la Constitución. Hay que recordar que el único que puede ordenar, bajo el manto del derecho, una interceptación de esa naturaleza es el juez. Entonces, hay que distinguir entre lo ordenado por la autoridad competente y lo simplemente asumido por un particular.

En el primer gobierno de Alberto Fujimori, cuando usted era senador, el Congreso concluyó que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) realizaba interceptaciones telefónicas. ¿Los responsables fueron sentenciados por eso?
Claro que sí. Nadie, ni siquiera los servicios de inteligencia, deben interceptar comunicaciones privadas ni meterse en la vida de la gente. Nadie tiene derecho a conocer más de lo que la persona quiere dar a conocer de sí misma. Incluso en el caso de los funcionarios públicos, nadie tiene derecho a saber sobre su vida y milagros, solamente podemos y debemos conocer aquellos hechos que estén vinculados a la actividad pública.

Hay quienes aseguran que de esa época se heredaron equipos que actualmente siguen operando. ¿Cree que sea así?
No estoy seguro. Además, no sé si estarán operativos, en el buen sentido del término. Hay que tomar en cuenta que ha habido un gran avance tecnológico en el ámbito de las comunicaciones, así que no sé si esos equipos aún sirvan de algo. Me imagino que para la interceptación de teléfonos fijos sí.

¿Es posible que ex agentes de la CIA o KGB ofrezcan este tipo de servicios al mejor postor?
Quienes tienen esas habilidades y no tienen escrúpulos pueden estar realizando ese tipo de ofertas. No estamos en un mundo de ángeles. Sin embargo, no solo se debe buscar sancionarlos a ellos, sino también a quienes solicitan sus servicios. Es importante investigar a las personas que entregan los audios, de este modo se puede saber si ellos ordenaron las grabaciones, y si no fue así, quizás se pueda llegar a los culpables.