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Avivando el fuego del infierno

Por Miguel Vivanco. Corresponsal

En el calor de la campaña, el candidato demócrata Barack Obama prometió acabar con la vergüenza y la vulneración de los derechos humanos en Guantánamo. Hoy que alcanzó la presidencia de Estados Unidos todos esperan que cumpla en breve su promesa electoral. Pero sus implicaciones jurídicas exigen del nuevo mandatario la adopción de una decisión muy bien pensada.

Es que no se trata de cerrar el campo de detención y trasladar a sus 255 ocupantes a otras cárceles. Se requiere definir si serán aceptados en territorio estadounidense bajo la condición de 'prisioneros de guerra' (amparados por la Convención de Ginebra) o si se les mantiene bajo denominación militar de 'combatientes enemigos' (que avala las detenciones arbitrarias).

También se necesita precisar si los detenidos seguirán un proceso bajo las cortes marciales o son transferidos a las cortes federales. Los oficiales del Pentágono, apelando al tema de la seguridad nacional, han solicitado que los detenidos sigan bajo la jurisdicción militar, pero la Cruz Roja ya reiteró una lista de violaciones a los derechos humanos que son inaceptables.

De igual modo, Human Rights Watch se apresuró en recordar al equipo de campaña del presidente electo que el centro de detención de Guantánamo ha lastimado a Estados Unidos mucho más que a sus enemigos en el Medio Oriente, agregando que su cierre ayudaría a restaurar la autoridad moral para combatir eficazmente el terrorismo y promover el imperio de la ley.

Pero las posiciones discrepantes se agudizan cuando ya se habla de un plan de Barack Obama para transferir por grupos a los detenidos, por el cual se realizaría una evaluación especial para diferenciar a sospechosos, combatientes y atacantes. El problema radica en que esa clasificación contaría con la participación asegurada de las autoridades militares y judiciales, dejando en un segundo plano a las organizaciones de derechos humanos.

La posibilidad de liberar a decenas de personas detenidas injustamente de Guantánamo también genera una preocupación mayúscula, debido a que muchos de ellos ya han sido considerados traidores en sus países de origen y devolverlos supondría poner en peligro su vida o exponerlos a torturas. No en vano cinco de las más importantes organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, pidieron a los gobiernos europeos que ayuden al presidente electo de EE.UU., Barack Obama, a cerrar Guantánamo y acojan a unos cincuenta presos.

No hay duda de que la decisión sobre el futuro de Guantánamo tendrá repercusiones significativas no solo en el Medio Oriente, sino también en el resto del mundo. Al margen de las críticas contra el gobierno saliente de George W. Bush y de la sangrienta guerra que se libra en Afganistán e Iraq, es cierto que no existe una razón legítima para retrasar el cierre del centro de detención. Barack Obama lo sabe y el mundo espera una decisión justa y basada en el derecho internacional, que no necesariamente tiene que agradar a ángeles o demonios.