Por: Juan Paredes Castro
Algunas coyunturas como las que vivimos últimamente parecen psico-sociales sin serlo en absoluto. La novedad es que quienes más dan la impresión de estar perdiendo la agenda propia en este trance ruidoso de los 'petroaudios' y de la crisis financiera internacional son el Gobierno y el Congreso.
Sabemos que lo conveniente para cualquier poder político es la distracción pública, ya sea porque aleja el foco de la atención ciudadana sobre controvertidas decisiones o situaciones de Gobierno o Estado o porque esa misma dispersión del foco crítico le permite manejar y enderezar ciertas cosas, siempre que esté en su capacidad hacerlo.
Sin embargo, mientras el presidente Alan García evita ahogarse en un vaso de agua frente a la crisis financiera internacional y le pone paños fríos a la frente preocupada del empresariado nacional, el titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, se esfuerza por impedir que toda la agenda legislativa sea puesta al servicio casi exclusivo de la coyuntura política vinculada con los actos de corrupción en la concesión de lotes petroleros.
No puede negarse, pues, que pese a la voluntad política empleada por García y Velásquez Quesquén para sacar adelante sus respectivas agendas propias, la presión política ruidosa, nacional e internacional, por extraer dividendos de atención pública, es muy grande.
Por más que tengamos la certeza de que el Perú no va a ser zamaqueado por la crisis financiera internacional tenemos que prepararnos no solo para revertirla sino para que ella, la crisis, no empuje fuera del tablero algunas prioridades del régimen en los campos de la infraestructura y la inversión pública. Y no bastará aquí con desearlo así. Será imprescindible gerenciar acertadamente una decisión de esta naturaleza.
El Congreso tampoco deberá dejarse avasallar en la administración de su tiempo por las necesarias y legítimas investigaciones sobre el Caso Quimper-León y de la interceptación telefónica. Tendrá que tener la suficiente fuerza para volver a poner en agenda temas tan fundamentales como la reforma de los partidos, la democratización interna de los mismos y la renovación por mitades del cuerpo legislativo. Es la oportunidad, probablemente única, de mover tres o cuatro piezas cardinales para el empoderamiento del sistema político, como suma y no como sustracción del crecimiento económico obtenido hasta hoy.
Que el Gobierno y el Congreso pierdan la agenda propia por la crisis financiera, en fin. Pero que la pierdan por Rómulo León, y, peor aún, por su condición de "no habido", sería el colmo.