Por 101 votos a favor, el pleno del Congreso autorizó ayer al procurador de ese poder del Estado a iniciar las acciones penales contra el presidente de la región Áncash, César Álvarez, por maltratar públicamente a la legisladora Helvezia Balta (PAP), al incitar a la población a que protagonizara acciones vejatorias en contra de la parlamentaria.
El Congreso respondió de esta manera a lo ocurrido en Chimbote, cuando la mencionada legisladora, quien es representante de esa región, habría sido impedida de participar --con frases agraviantes emitidas por Álvarez-- en una reunión a la que asistió el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon.
A través de un documento, suscrito por los voceros de todas las fuerzas políticas, el Poder Legislativo formuló su rechazo frente a lo ocurrido en los últimos días con la legisladora humalista María Sumire (PNP), quien, según se informó, habría sido impedida de subir a un helicóptero policial por disposición del titular del Interior, Remigio Hernani.
Al respecto, el pleno dispuso que se remita tanto a César Álvarez como al ministro Hernani la transcripción de las intervenciones que formularon los legisladores en torno a ambos casos, exigiéndoles que ofrezcan "disculpas públicas" a Balta y Sumire, respectivamente.
INDIGNACIÓN
La congresista Mercedes Cabanillas (PAP) añadió: "El artículo 369 del Código Penal establece que quien impide a los senadores o diputados y otras autoridades ejercer su labor, será reprimido con pena de cárcel no menor de un año ni mayor de 4 años. La disposición precisa que si el agente es funcionario público, le corresponde una pena de 3 años".