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La porosidad legal del Estado

Por: Juan Paredes Castro

Si queremos que un ex ministro aprista e influyente lobbista internacional como Rómulo León sea realmente investigado y debidamente procesado, ahí están los jueces y fiscales para hacer su trabajo.

Si queremos realmente combatir la corrupción, como lo quieren el presidente Alan García, su primer ministro Yehude Simon y el titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, ahí están los ministros y los legisladores para hacer su trabajo.

¿Cuál es el trabajo esencial de jueces y fiscales? Demostrar que tienen agallas para desentrañar de en medio de una montaña de audios y correos electrónicos las pistas que lleven a evidencias y pruebas contundentes.

Sería una pena que pasáramos de un show mediático ya vivido a otro nuevo por vivir, sin contenido judicial de peso.

¿Y cuál es el trabajo esencial de ministros y legisladores? Uno solo y fundamental: cerrar la vieja porosidad legal del Estado, por donde se cuelan, resbalan y se filtran, por decirlo así, todos los mecanismos, sutiles y burdos, de la corrupción.

¿Por qué el énfasis en esto? Porque la informalidad, la ilegalidad y la impunidad estatales reinan a donde uno vaya. Hay cientos de lobbistas multiplicados por diez, sin registro ni rendición de cuentas. Encima, hay una ley que enmarca su administración, pero se trata, en la práctica, de la más inexistente de las leyes. La criminalidad suelta, como Pedro en su casa.

Si el Gobierno y el Estado no cierran su porosidad legal urgentemente, cada semana tendrán un nuevo destape de corrupción con un nuevo prototipo de Rómulo León en la danza.

Hace falta de verdad el ejercicio del principio de autoridad del Gobierno. Por ejemplo, no debería mantenerse en su puesto por un solo día más a procuradores de pacotilla, a fiscales improvisados y a jueces de dudosa probidad.

Cerrar la porosidad legal del Estado representa toda una hazaña de voluntad política y de buenas prácticas gubernamentales y legislativas. Solo así será primero difícil y luego imposible, como lo ha logrado Chile, que la corrupción penetre en los bolsillos de los funcionarios, en los despachos de los dignatarios y en las cuentas secretas de unos y otros.

Las suites del inversionista Fortunato Canaán no se abrieron a los visitantes peruanos en Santo Domingo y en Lima, porque estos no podían dejar de ser corteses con alguien dispuesto a poner sus capitales en el Perú. Se abrieron por la porosidad legal de nuestro Gobierno y nuestro Estado. Se abrieron porque las puertas de entrada y salida de nuestras instituciones no tienen llaves ni códigos inviolables.

SOS. El Perú está en emergencia. Y a causa de sus propias leyes, que es lo peor.