Enviar

Nos afecta a todos

Por: Enrique Bernales. Politólogo

Las nuevas tecnologías de la información, la injerencia invasora de alguna prensa farandulera, así como el espionaje industrial y político han invadido la vida privada, a veces, con el apoyo de sectores ciudadanos que no conciben que la privacidad es uno de los ámbitos más ricos de la libertad individual. Esta invasión no solo vulnera al ciudadano corriente, también al alto funcionario, al militar, al periodista, al empresario, al opositor político. Es un problema que afecta a todos.

Quizás algunos recuerden que hace algunos años, un periodista propaló la grabación de una conversación del presidente Alejandro Toledo. Más que cualquier otra cosa este hecho mostró lo vulnerable que puede llegar a ser el sistema de seguridad de Palacio de Gobierno. Hoy es un hecho la facilidad con la que los aparatos de inteligencia de cualquier país podrían rastrear y hurtar información que atañe a la seguridad del propio Estado Peruano. ¿Y qué decir de cualquier grupo subversivo o ultrarradical en ciernes o de un servicio secreto extranjero al acecho?

La vulneración de la privacidad es un problema que atañe a los secretos de Estado, a la reserva militar, sin duda; pero también es un tema recurrente que allana el espacio individual o familiar de los individuos. ¿No le resultaría fácil acaso a cualquier interesado comprarse un escáner en la calle y dedicarse al oficio de inmiscuirse en las conversaciones privadas o en las tertulias de alcoba?

En la actualidad es muy fácil que desde las cámaras implementadas en los teléfonos móviles se capturen escenas privadas que luego se publican en Internet, en aras de satisfacer el morbo de millones en todo el mundo. La revelación de la corrupción es importante, pero si se empieza a institucionalizar el hábito del espionaje y la difusión en aras de buscar sospechosos y culpables de cualquier cosa o, simplemente, de escandalizar, como ocurre en los programas de farándula, entonces nos adentramos en un terreno peligroso, en el que la prensa deja de ser el vigía de la ética pública para convertirse en la herramienta de venganza, morbo o de intereses de cualquier visor clandestino de la vida de los demás.

La lucha contra la corrupción tiene sus cauces institucionales y los periodistas su papel. Nadie tiene derecho a convertirse en verdugo de la privacidad ni en promotor de un 'reality show' colectivo en el que se trafican honras, se quiebran libertades, se arriesga la gobernabilidad y se deteriora la convivencia social. El secreto del espacio propio, de los correos privados, de las conversaciones telefónicas y demás es un requisito ético fundamental de la libertad ciudadana.

La corrupción debe ser combatida con energía y en todos los ámbitos, con medios e instrumentos legales y conformes con la ética. Lo que se afirma es que la corrupción no debe justificar la institucionalización del espionaje, que sería tan igual de nefasto y censurable que la propia corrupción. La ley y solo la ley debe autorizar al Estado para proceder a usar los mecanismos de inteligencia adecuados para combatir la corrupción y garantizar la seguridad de todos. Pero la regla básica seguirá siendo que el fin no justifica los medios.