Vacío legal permitiría a empresas practicar el espionaje telefónico

El presidente de la comisión parlamentaria que investiga la práctica de interceptación telefónica, Oswaldo Luizar (Bloque Popular), afirmó que existe un vacío legal que permitiría a las empresas privadas dedicarse a esta actividad.

Se trata de la Ley de Servicios de Seguridad Privada (N° 28879) cuyo reglamento, necesario para que la norma entre en vigencia, hasta ahora no ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo.

"Eso es lo que ha estado permitiendo que estas empresas, aparentemente, hayan estado brindando este servicio al amparo de una legislación que es vacía, que no está completa", declaró Luizar a RPP.

Esta ley fue aprobada por el anterior Congreso el 24 de julio del 2006 y promulgada el 17 de agosto de ese año por el actual presidente de la República, Alan García. En el artículo 24 se establecen, entre otras prohibiciones, utilizar equipos que causen perjuicio a terceros y establecer redes de información para el descubrimiento de faltas o delitos.

El comité que debía elaborar el proyecto de reglamento de la ley se instaló en noviembre del 2006. Luego de ello, el Ministerio del Interior tenía un plazo de 60 días para entregar su propuesta, lo cual no se ha cumplido.

La comisión investigadora ha ordenado el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria a un conjunto de empresas privadas y personas naturales vinculadas a estas.

Luizar aseguró que los equipos de interceptación telefónica pueden ser adquiridos sin problema como equipos de captación de señales de alta sensibilidad.