Por: Juan Paredes Castro
Lo que empezó estudiando Aurelio Loret de Mola y avanzó Allan Wagner debería culminarlo pronto Ántero Flores Aráoz: el sinceramiento de las remuneraciones de la oficialidad militar y policial.
Claro que lo que hayan hecho los ministros de Defensa nombrados y lo que haga el actual dependerá finalmente del Congreso, que no sabemos si tiene en agenda aprobar la nueva ley de remuneraciones de los sectores castrense y policial. Y no olvidemos que el Ministerio de Economía y Finanzas también porta vela en la procesión, al punto que hasta podría dejar en suspenso la misma ley o --¡sorpresas que da la vida!-- sacarla adelante.
¿Por qué hablemos de sinceramiento de las remuneraciones militares y policiales? ¿No hay manera más apropiada de identificar el problema?
Es que lo que tenemos operando a la vista de todo el mundo es un sistema burdamente camuflado, mediante una bonificación mensual en efectivo equivalente a una determinada cantidad de galones de gasolina, dependiendo del grado de quien la recibe, según sea general, coronel o técnico de primera.
Lo que ha hecho la Contraloría es detectar una vez más lo que un sistema de remuneraciones de este tipo puede generar a la corta o a la larga. Es decir: corrupción. Lo que tendrían que hacer el Gobierno y el Congreso no es solo colaborar con la investigación, hasta las últimas consecuencias, para dejar lo más atrás posible un pasado que no debe repetirse, sino sacar de raíz la gasolina de las planillas militar y policial.
Así como hay oficiales militares y policiales que desearían que el sistema no cambiara, quizás por el temor a un recorte salarial que los perjudique irreversiblemente (nunca se sabe lo que puede pasar en el Estado y con el Estado), hay otros que sienten que la manera descontrolada como se usa y recicla la distribución de gasolina, le abre cancha a la corrupción asolapada y a no pocos conflictos internos por el poder y los celos que ello despierta entre mandos superiores e inferiores.
En tanto la fiscalía hace su trabajo de investigación sobre las evidencias de corrupción descubiertas, el Gobierno y el Congreso, con la colaboración de Economía y Finanzas, tienen que echar mano a toda la voluntad política y capacidad técnica de que disponen para estandarizar, sincerar y nivelar los sueldos de militares y policías.
Ni el Ejército ni la Marina ni la Fuerza Aérea ni la Policía Nacional, como instituciones, se merecen estar expuestos a una bonificación no solo ligada a un surtidor de gasolina sino además a oscuras e inescrupulosas administraciones que están fuera de su control.