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Política contra narcoterrorismo debe afinarse

Los cobardes y cruentos atentados narcoterroristas, que en los últimos días han costado la vida de dos policías en Ayacucho, no pueden ser tratados como simples escaramuzas, sino que exigen una reacción firme y coherente por parte del Gobierno. Y ayer mismo se informó de un nuevo ataque que dejó heridos a dos soldados.

Tal recurrencia demanda a las autoridades evaluar qué está fallando en la estrategia y en la misma política general contra la lacra narcoterrorista, para tomar las medidas pertinentes.

Lo que no puede permitirse, de ninguna manera, es que ocurran más emboscadas, ni que más policías sigan siendo asesinados. Tampoco que dichas mafias puedan imponer su ley de la selva en amplios territorios, con lo cual trastocan todo el ordenamiento estatal, social y legal del país, al que pretenden convertir en un narcoestado, lo que es un prospecto tan absurdo como nefasto.

Lo evidente es que se trata de remanentes senderistas poco numerosos, pero fuertemente armados y que, ante el declive de la organización terrorista, ahora actúan como burdos mercenarios para dar protección a las mafias de narcotraficantes en la difícil geografía peruana, que juega a su favor.

En cuanto a la respuesta del Gobierno, hay que reconocer ciertos avances en las estrategias para detectar y sancionar las maniobras de lavado de activos por parte de mafias de narcotraficantes, combatir el contrabando de insumos y precursores químicos, así como para capturar a algunos mandos terroristas.

Sin embargo, dicho esto, es obvio que sigue haciéndose extrañar una estrategia unificada y eficiente en la lucha contra el narcoterrorismo, por ejemplo cuando vemos que la Policía Nacional actúa en unas zonas y las fuerzas armadas controlan otras, con diversos resultados.

A propósito de ello, sería oportuno y necesario que los ministerios de Defensa y del Interior informasen al país sobre los resultados del llamado Plan VRAE, que se anunció como un proyecto ambicioso y multidisciplinario, pero que necesita ser revisado y repotenciado.

Por supuesto que se necesita más personal y recursos logísticos para reforzar los puestos de control en la ruta de la droga. Pero, más que eso, urge voluntad política para coordinar esfuerzos bajo diseñar una estrategia unificada bajo un comando que privilegie tanto las acciones de inteligencia cuanto la prevención e interdicción, luego de lo cual el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que actuar con ejemplar severidad.

Asimismo, es importante lograr la mayor colaboración de los lugareños, con más presencia del Estado, así como seguir implementando políticas de apoyo social y de sustitución de cultivos, en lo que Devida tiene mucho que hacer.

La paz social es no solo un derecho que los peruanos exigen clamorosamente, sino una condición indispensable para el desarrollo nacional que el Gobierno está obligado a garantizar con todas las herramientas legales a su alcance.