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Una medida insuficiente

Por Rubén Vargas Céspedes. Abogado

El valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y algunas zonas adyacentes se encuentran en estado de emergencia desde el 2003. Desde entonces las FF.AA. asumieron el control del orden interno.

Transcurridos cinco años de esta medida, y a la luz de las últimas emboscadas, considero que es tiempo de hacer un balance y analizar los resultados de la estrategia antiterrorista.

Los muertos de la Policía y las FF.AA. en los últimos tres años suman más de 30 y los heridos por lo menos 40. Del lado de Sendero Luminoso no se ha reportado ninguna captura ni baja importante. Los cuatro civiles muertos en Pichis-Río Seco, que inicialmente se presentaron como terroristas, según la Defensoría del Pueblo serían integrantes de los comités de autodefensa.

No es que quiera ver más peruanos caídos (este conflicto nos dejó una secuela de miles de muertos y heridas aún por cerrar), pero si todos los pasivos son de las fuerzas del orden entonces algo anda mal.

Cabe preguntarse: ¿es adecuada la estrategia antisubversiva que se viene ejecutando en el VRAE? ¿Quién es el responsable político de las operaciones? ¿Son idóneos los oficiales a cargo de estas acciones? ¿Qué debemos hacer para no seguir lamentando más muertes? Si algo queda claro es que no es suficiente declarar el estado de emergencia.

Hemos señalado muchas veces que el enemigo principal en el VRAE y en el Huallaga no es Sendero Luminoso sino el narcotráfico. Sin embargo, todas las energías y recursos de las Fuerzas Armadas están concentrados en recuperar Vizcatán, como si se tratase de Tiwinza.

Es cierto que ese lugar es la base de operaciones de una de las facciones del grupo terrorista, pero ¿dónde ocurrieron las últimas emboscadas? Fueron en la retaguardia, en los puntos más descuidados. Sendero nunca va a enfrentar en campo abierto ni va a defender su posición. Son grupos itinerantes, a la caza de los blancos más vulnerables o de mayor impacto mediático.

Tengo la impresión de que no hay un adecuado monitoreo y conducción política de las operaciones en el VRAE. Sería bueno que se articule el combate al terrorismo con la lucha antidrogas. No pueden seguir por cuerdas separadas. Se necesita que la autoridad civil se involucre en serio en este delicado problema.

En su oportunidad criticamos al Ejército por utilizar a jóvenes inexpertos en las operaciones del Vizcatán. Ahora tenemos que hacer lo propio con la Policía, en vista de que se están convirtiendo en blancos demasiado fáciles.

Sobre la última emboscada, ¿qué hacían cuatro policías a las dos de la mañana en una ruta de intenso tránsito de narcotraficantes? ¿Es necesario que permanezcan unidades de protección de carreteras en zonas de emergencia o deberían ser reemplazadas por otras ad-hoc? ¿Por qué no se refuerza con personal y logística adecuados a las comisarías ubicadas en las áreas con presencia terrorista y de narcotraficantes? ¿Cuándo se construirán las dos bases antidrogas en el VRAE anunciadas el 2007? Al parecer no es un problema de presupuesto el que impide esta necesaria presencia policial.