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Cuando el poder de investigar recae en manos políticas

Por: Juan Paredes Castro

Dos de las comisiones investigadoras del Congreso pasan por su mayor prueba ácida: se atienen al debido proceso, renunciando a toda tentación de uso político de sus funciones o acabarán como muchas de sus predecesoras: absolutamente desacreditadas.

En efecto, tanto Daniel Abugattas, del Partido Nacionalista, como Oswaldo Luizar, del Bloque Popular, a la cabeza de las investigaciones sobre la oscura concesión de exploraciones petroleras y sobre las interceptaciones telefónicas que llevaron a su revelación, respectivamente, cargan con la difícil responsabilidad de separar los intereses políticos suyos y de muchos de sus colegas, de aquellos otros, propiamente ciudadanos, que sencillamente quieren saber la verdad.

Abugattas y Luizar tienen que entender, además, que el Ministerio Público también investiga ambos temas y que el Poder Judicial ya abrió proceso a dos de los principales involucrados: Alberto Quimper y Rómulo León. Por consiguiente, lo que las comisiones parlamentarias investigadoras hagan y dejen de hacer se someterán al contraste nítido de lo que hagan y dejen de hacer jueces y fiscales. O sea que las deficiencias y limitaciones de una parte podrían verse superadas por los aciertos y resultados de la otra, y viceversa.

Sería realmente triste y frustrante que investigaciones prácticamente triples como las que se realizan (parlamentarias, fiscales y judiciales) acabaran en la pura nada, como acaban muchas investigaciones en un país --el nuestro-- tan habituado y resignado a la impunidad.

Por ejemplo, la negativa del ex primer ministro Jorge del Castillo a confrontar documentos en una sesión reservada, como quería la comisión Abugattas, responde sin duda al legítimo interés suyo de hacerlo en sesión pública. Pero contravendría algunas normas del debido proceso que exigen guardar la confidencialidad de documentos cedidos por otras instancias, entre ellas el Poder Judicial.

Este celo por el debido proceso debería alertar a Abugattas sobre la actitud manipuladora del congresista fujimorista Carlos Raffo, quien podría poner en grave riesgo la investigación en curso al tratar de desviarla de sus fines, mediante la filtración de información y documentos que la comisión solicita al amparo de las más altas prerrogativas parlamentarias. El Congreso tiene que demostrar, como órgano de control y fiscalización de los demás poderes, que una investigación en manos parlamentarias, es decir políticas, puede ser también una investigación imparcial y transparente.