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Ollanta Humala, el Gobierno y la fiscalía

Por: Juan Paredes Castro

La computadora del fallecido 'Raúl Reyes', cabecilla de las FARC, contiene tanta y tan variada información sobre el núcleo de esta organización y su red periférica colombiana y regional, que las fiscalías y policías de este lado del mundo no quisieran perderse datos y detalles que indagar e investigar.

Ocurre, sin embargo, que las tareas de indagación e investigación pueden convertirse fácilmente en tareas de persecución política, si las fiscalías y las policías no hacen bien su trabajo y, sobre todo, si no hay una efectiva coordinación entre ellas.

Las denuncias de persecución política del líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, y del presidente del Partido Patria Roja, Alberto Moreno, se basan en el propio reconocimiento del Ministerio Público y del Ministerio del Interior de que, en efecto, existiría en sus fueros una investigación respecto de los supuestos vínculos de ambos personajes con representantes y delegados de las FARC. En el caso de Humala, con el diputado venezolano Amílcar Figueroa Salazar, apodado 'Tino', colaborador de inteligencia exterior de las FARC. Y en el caso de Moreno, con la colombiana Nubia Calderón, conocida como la 'embajadora' de las FARC.

Humala y Moreno admiten haber tenido encuentros con Figueroa y Calderón, respectivamente, pero a su favor argumentan que fueron encuentros fugaces y sociales. El 2007 el primero y el 2001 el segundo. Lo importante y aconsejable, aquí, es que Humala y Moreno pongan las cosas en claro ante la fiscalía y la policía, explicando lo que tengan que explicar pues, frente a su legítimo derecho de rechazar una persecución política que consideran injusta, está la obligación de la fiscalía y la policía de hacer el trabajo que tienen que hacer.

Otra cosa sería que a sabiendas de lo que realmente se desprende de la computadora de 'Reyes' y que no sería otra cosa que "vínculos sociales", el Gobierno quiera poner en aprietos a Humala y Moreno y, de paso, correr el riesgo de aparecer persiguiendo a dos declarados líderes opositores, a quienes, sin quererlo, podría terminar abonándoles la ruta electoral.

Lo que Humala y Moreno no pueden hacer es impedir que la fiscalía y la policía cumplan su deber de indagar e investigar. Y si es con la colaboración de ambos, mejor. Sería contraproducente para ellos ampararse en una impunidad política que no les asiste y evitar que aquello que podría beneficiarlos, es decir el esclarecimiento de sus vínculos con Figueroa y Calderón, acabe en el limbo de la sospecha y la maledicencia.

Tanto Humala y Moreno como el Gobierno, la fiscalía y la policía tienen que transparentar sus actos y dejar que la paranoia política ceda el paso a la investigación y la justicia imparciales.