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Zarandeando la ley y la Constitución

Por: Juan Paredes Castro

Si los legisladores peruanos leyeran de verdad la Constitución, se ahorrarían vergüenzas y nos salvarían de escándalos.

Claro que, según el artículo 97, el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y convocar comparecencias de grado y fuerza.

Claro que bajo la misma prerrogativa puede acceder a información de primera mano, incluida la procedente del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.

Pero de acuerdo con el inciso 2 del artículo 139 ninguna autoridad (ni parlamentaria, por supuesto) puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional (jueces y fiscales, por ejemplo) ni interferir en las funciones de este. Hay algo más: estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio "no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno".

Lo que nos están diciendo estos artículos es que cuando hay un asunto pendiente en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, como el de los 'petroaudios' y su principal implicado Rómulo León Alegría, nada mejor para el Congreso que evitar interferir. La Constitución no quiere decirle tajantemente "no tienes que meterte". Pero dice, hasta para que lo entienda el más ignorante, que sencillamente no se aboque a aquello que el órgano jurisdiccional ya lo está viendo.

Lo demás es ganas de figuretear, de alardear poder y de estar en el ajo político. Bueno sería que la Comisión Abugattas quisiera en verdad investigar bien, guardando las formas propias de un tribunal. Pero hasta ahora no ha actuado así: ha ido hasta el penal para concederle la palabra al señor León, como si este tuviera un problema de libertad de expresión; ha vuelto a recibir en su seno a un miembro de número que a espaldas de la comisión tuvo una entrevista personal y clandestina con el procesado; y ha dejado filtrar documentos cedidos por el Poder Judicial y el Ministerio Público de carácter reservado.

Estamos, pues, ante una comisión investigadora que sigue zarandeando la ley y la Constitución, sigue interfiriendo con los fueros judicial y fiscal y sigue manteniendo una imperturbable y cínica terquedad frente a las críticas que se les han hecho a sus actos y a su conducta.

Después del circo propiciado en el penal ex San Jorge a esta comisión no le quedarían sino elegir entre cambiar drásticamente su estrategia de investigación del Caso León Alegría, no debiendo contar más con el concurso infidente de Carlos Raffo, o sencillamente dar un paso al costado y autodisolverse.

Esa es su alternativa, lamentablemente.