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ESPECIAL

Cocaleros del VRAE y los valles del Monzón y Huallaga están divididos

La pasada huelga indefinida de cocaleros, que culminó sin pena ni gloria en Aucayacu, puso en evidencia las profundas diferencias entre los dirigentes de los productores de hoja de coca

Por Alfredo Alí Alava. Unidad de investigación

Ni la presencia de la vehemente dirigente cocalera de Aucayacu Rosa Obregón Cárdenas en la plaza de armas del distrito de Monzón logró convencer a los campesinos de ese valle para que se sumaran al paro indefinido del lunes 17 de noviembre, que tenía como objetivo poner freno a la erradicación de hoja de coca por parte del Gobierno.

La medida de fuerza, entonces, se inició muy débil y fue languideciendo hasta morir por inanición.

Eduardo Ticerán Salazar, el presidente de la poderosa Federación Provincial de las Organizaciones de Producción Agropecuaria del Valle del Monzón (sic) le había dicho "por el momento, no" a su colega dirigente de la Federación de Organizaciones de Productores Agropecuarios y Forestales (Fopaf) de Aucayacu y valle de Cholón, que encabeza Teodocio Aquino Durand.

Una tensa asamblea popular se llevó a cabo el domingo 16 de noviembre en la plaza de armas del distrito de Monzón. Allí se pusieron de manifiesto, una vez más, las profundas discrepancias existentes entre los campesinos productores de hoja de coca.

Aquella ocasión, aparte del negado apoyo a la huelga indefinida de cocaleros, los campesinos del Monzón abordaron otros dos temas: el rechazo a la instalación de dos bases policiales en el valle y la reestructuración del Frente de Defensa del Monzón.

En lo que respecta a las bases policiales, los habitantes de ese valle, en su mayoría cultivadores de coca, expresaron su frontal rechazo a dicha iniciativa gubernamental (ver nota aparte).

Una buena parte de los asambleístas aprovechó la ocasión para enfilar sus baterías contra el actual alcalde del distrito y ex dirigente cocalero, Iburcio Morales Baltazar, a quien acusaron de respaldar dicha medida.

Con documentos en la mano, Morales aseguró haberse opuesto desde el primer momento.

LA RETIRADA
Sin haber logrado la adhesión plena de los moradores del valle del Monzón, una decepcionada Rosa Obregón tuvo que emprender la retirada y viajar unas seis horas hasta llegar a su base (Aucayacu) para dar, oficialmente, la mala nueva a sus paisanos.

"Ticerán y su gente dicen que en los próximos días ellos decidirán si se suman o no a la huelga. Todo dependerá de cómo se desarrolle esta", anunció la secretaria de economía de la Fopaf confirmando, de paso, lo que desde hacía algunos días ya se percibía. Los de Monzón nunca se sumarían al paro.

La debilidad del movimiento no era asunto ajeno a los servicios de inteligencia. Estos, por versión de algunos informantes, advertían que los cocaleros exhibían profundas grietas y aparecían divididos de cara al paro indefinido. "Creo que no van a entrar los de Monzón y, sin ellos, esto fracasará", dijo un jefe policial.

¿Por qué no entraron los de Monzón? Porque desde hace algunos años no son tocados por los erradicadores de coca del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (Corah). "Ellos siguen sembrando y cosechando tranquilos su coca y no quieren tener problemas con el Gobierno", señalaron algunos campesinos de Aucayacu.

¿Y por qué se embarcaron en el paro los de Aucayacu? Rosa Obregón, quien asegura no tener ningún vínculo ni parentesco con la congresista Nancy Obregón (Partido Nacionalista), explicó: "Lo hacemos porque el Gobierno está erradicando a la mala no solo la coca ilegal, sino también la legal y otros cultivos. ¿De qué vamos a vivir?".

Como ya se ha dicho, el malhadado paro puso en evidencia las profundas diferencias existentes desde hace algún tiempo entre los cocaleros del Huallaga, del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y del Monzón. Ellos, aun cuando coinciden en la defensa de los cultivos de coca, discrepan sobre la forma como deben ser protegidos y sobre cómo ir hacia un desarrollo integral.

Pero la cosa no quedó allí. A escasas 48 horas de iniciarse la huelga, dirigentes de la Confederación Nacional de Productores de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp) visitaron sus bases gremiales en el Huallaga para convencer a sus afiliados respecto de la inconveniencia de acatar el paro. Llegaron, incluso, hasta el caserío de Riofrío, casi en el límite con Aucayacu.

Walter Acha Romaní, dirigente de la Conpaccp y representante de los cocaleros del VRAE, conjuntamente con Héctor García Lugerio, secretario de organización de la Conpaccp y representante de los cocaleros de Tingo María, presidieron decenas de asambleas para señalar que las medidas contra la erradicación forzada de los cocales se tomarían recién en el congreso de Puno del 25 al 28 de noviembre. Por lo tanto, no era conveniente, según ellos, involucrarse en la huelga promovida por los cocaleros de Aucayacu.

En efecto, con la participación de centenares de cocaleros del VRAE, Huallaga, Aguaytía, Puno, Cusco y delegaciones de Bolivia, se realizó el séptimo congreso de la Conpaccp. Allí, entre otros acuerdos, se decidió rechazar la erradicación forzosa de la hoja de coca y bregar hasta lograr su libre comercialización. Además, esta organización volvió a marcar distancia con sus similares de Tingo María y alrededores.

Pero hay dirigentes de toda laya y color. Amancia Espíritu Aróstegui, presidenta de la Asociación de Agricultores Productores de Hoja de Coca de Supte (Leoncio Prado), pretende desde hace tiempo tener vuelo propio. Lejos de hacer demandas corporativas, prefiere jugar su propio partido aunque, según muchos colegas suyos, ella no representa más que a un reducido grupo.

Una semana antes del paro dirigió una carta al presidente Alan García en la que le daba un plazo de 72 horas para que ordenara la suspensión de la erradicación de hoja de coca. Le dijo que no lo tomara como una amenaza, sino como una advertencia, "caso contrario reiniciaremos la huelga general indefinida".

DE TODO HAY
En los últimos meses han surgido nuevos dirigentes cuya verdadera intención sería hacer carrera política a como dé lugar.

Uno de ellos es Alan Valdivia Beteta, del Movimiento Campesino Agropecuario del Alto Huallaga. Con un discurso entre incendiario de extrema izquierda y sacro con olor a incienso, a tenor de los volantes que distribuyó por calles y plazas, él trataba de convencer a la población sobre la necesidad de apoyar el paro.

Por un lado exhortaba a "iniciar el levantamiento nacional de los pueblos" para luego invocar a la población a salir "en defensa de la sagrada y divina hoja de coca, planta bendita que tiene la noble misión de producir, con alegría angelical, en suelos degradados. Dios está con los pobres abandonados por los gobiernos, por eso creó la coca para nuestro sustento...".

Dicen que el susodicho estudia derecho.

En grupos arrasan los cultivos ilegales
Los dirigentes cocaleros del valle del Monzón, con Eduardo Ticerán a la cabeza, hacen esfuerzos para que todos los campesinos de la zona que siembran ese producto lo hagan dentro de los cauces de la legalidad.

Para ello han organizado piquetes de erradicadores integrados por decenas de cocaleros formales que, cada 15 días, ejecutan lo que ellos denominan acciones de fiscalización.

Los fines de semana los fiscalizadores de Monzón se agrupan en un determinado punto y marchan hacia los predios de otros campesinos cocaleros de los cuales se sospecha que producen hoja de coca ilegal y que no la venden a la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).

Provistos de herramientas para la erradicación, los fiscalizadores incursionan en las parcelas de los sospechosos a quienes solicitan los documentos oficiales de Enaco que permitan sostener la legalidad de sus cultivos.

Si no los tienen, en forma masiva proceden a la erradicación y venden posteriormente la hoja de coca a Enaco.

El dinero obtenido por esa venta a Enaco es repartido equitativamente entre todos los erradicadores.

"Por estas acciones es que Ticerán y la gente de Monzón están a favor del desarrollo alternativo que, según nosotros, no ha dado resultados a pesar de los años en que viene ejecutándose", asegura Walter Acha, dirigente de la Conpaccp.

Los ronderos contra la delincuencia
Un grupo de ronderos, rezago de lo que en alguna ocasión fueron los comités de autodefensa en el valle del Monzón, no ha encontrado mejor forma de ganarse la vida que hacer vigilancia en el peligroso trayecto de la carretera que une Tingo María con el distrito de Monzón.

En esa casi intransitable trocha por donde los vehículos no pueden desplazarse a más de 20 o 30 kilómetros por hora debido a lo accidentado del terreno, de pronto emergen los ronderos para detener los vehículos y someterlos a rápidas revisiones en busca de delincuentes.

"Es que por aquí hay muchos asaltos y nosotros estamos vigilando", sostuvo uno de ellos. La coca, sin embargo, pasa sin problema.

Con sus escopetas de perdigones, calibre 12 milímetros, estos uniformados piden a cambio "lo que sea su voluntad".

Dicen que son entrenados por instructores de la base militar de Tarapoto y que para ellos eso no es novedad porque han servido antes en el Ejército.

Pobladores de Monzón se oponen a la instalación de dos bases policiales
Las autoridades edilicias y los pobladores del valle del Monzón se oponen a la instalación de dos bases policiales en la zona. Argumentan que estas solo servirán para "erradicar la hoja de coca, que es el único medio de subsistencia para nuestras humildes familias".

Se sabe, sin embargo, que en el valle la coca coexiste con otros cultivos que bien pueden ser desarrollados.

A través de varios memoriales y cartas dirigidas a los jefes policiales del Frente Huallaga, al ministro del Interior, al presidente del Consejo de Ministros y al presidente de la República, los alcaldes del distrito de Monzón y de los centros poblados han expresado su rechazo a las bases.

Ellos han expresado sus temores de que los policías que se instalen en dichas bases tengan por misión esencial erradicar los sembríos de hoja de coca, actividad a la que se dedica el 90% de la población y "que es la única alternativa de sustento".

El tema de las bases policiales es uno de los puntos de controversia entre los dirigentes de las diversas organizaciones gremiales y comunales del valle.

Al rechazar ese proyecto, las autoridades y los dirigentes de Monzón aseveraron que ya antes hubo instalaciones policiales allí y que sus miembros cometieron excesos contra la población.

Ahora --dijeron-- el orden está garantizado por la presencia de dos bases militares que se encuentran instaladas desde hace algún tiempo en el distrito de Monzón y en Cachicoto.

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