Territorio, identidad y cultura

Por Margarita Benavides*

Los descendientes de la población originaria del Perú, además de los derechos individuales que amparan a cualquier ser humano, tienen derechos colectivos, que los reconocen como pueblos, con una identidad y cultura propias y con derecho a la posesión legal de un territorio común donde poder vivir y prosperar. Así lo reconocen el Convenio 169 de la OIT, del cual el Perú es signatario, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de setiembre de 2007.

¿Por qué son importantes los derechos colectivos para los indígenas? En el contexto del derecho moderno, es un deber del Estado asegurar la continuidad de las poblaciones originarias mediante el respeto de sus derechos. Estas dependen en gran parte de lo que les provee directamente la naturaleza. A diferencia del mundo occidental-industrial donde el ser humano se concibe separado de la naturaleza y donde esta es vista primordialmente como fuente del desarrollo material, entre los pueblos indígenas los seres humanos son concebidos como parte del mundo natural, habitado a su vez por seres con los que establecen relaciones de respeto y gratitud por los bienes que les proveen. Si bien la colonización e intervención de los mercados han modificado en muchos aspectos el medio natural y a las culturas de los pueblos indígenas, elementos importantes de estas últimas siguen vigentes; de allí que los pueblos indígenas planteen como una necesidad vital un territorio común que les permita reproducirse como pueblo y recrear su cultura.

En el Perú, que constituye una sociedad culturalmente diversa, tenemos el gran desafío de construir una sociedad donde los peruanos de ascendencia indígena tengan igual cabida y respeto que los de ascendencia europea, africana o asiática, así como los que llevan una mezcla de ascendencias culturales y étnicas. Lamentablemente, aún estamos lejos de ello, lo cual se refleja en la desvalorización de lo originario, que suele merecer un lugar destacado en las estampas folclóricas para promover el turismo, pero no así en las políticas hacia los pueblos indígenas. La poca importancia que el Estado asigna a la educación bilingüe e intercultural y al acceso a modernos servicios de salud que incluyan el respeto por concepciones y conocimientos de los pueblos indígenas para curar el cuerpo y el alma, es una manifestación más de esta actitud.

La discriminación histórica y funcional al proceso de despojo de tierras y recursos usufructuados tradicionalmente por los indígenas ha conducido a su situación de pobreza actual. Este despojo y discriminación continúa en la actualidad, a nombre del crecimiento económico, y se expresa en muchos de los conflictos que existen entre las comunidades indígenas y las industrias extractivas. La eliminación, a partir de la Constitución de 1993, de las condiciones de inalienables e inembargables de las comunidades campesinas y nativas, y la serie de decretos legislativos que se dieron en el marco del TLC para facilitar la venta de tierras de las comunidades, y que suscitaron protestas masivas de las comunidades nativas de la selva lideradas por Aidesep en agosto del 2008, son parte de esta estrategia de desarrollo a costa del bienestar de los pueblos indígenas. Lo que defienden las comunidades indígenas es su derecho a tener acceso a tierras, a recursos suficientes y a un medio ambiente sano, que les permita prosperar como pueblos. También defienden el derecho que les ampara en el marco del Convenio 169 de la OIT, a participar en las iniciativas de desarrollo que los afectan, a dar su opinión y a que esta sea tomada en cuenta.

Si el gobierno, en vez de ignorar los conflictos hasta que estallan, abriese los espacios de consulta, con un espíritu verdaderamente democrático y en forma previa a los compromisos que asume con las empresas, probablemente habría menos conflictos y más bienestar para las comunidades indígenas.

[*] Instituto del Bien Común