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Plan anticrisis: buena propuesta que exige controles

Tras una larga espera, el Gobierno reaccionó y lanzó el plan anticrisis, que tiene como eje la inyección de unos 10 mil millones de soles de recursos del Estado, con el principal objetivo de dar una contundente señal de confianza en el país y mantener el ritmo reactivador.

El optimismo debe ir aparejado con el realismo. El Ejecutivo entendió finalmente que no podemos seguir la política del avestruz. Y es que, a pesar de que estamos en mejor pie que otros, el Perú no es una isla dentro del convulso escenario mundial.

Ahora, hay que pasar a la acción. Se espera la pronta ejecución del plan, pero también que el sector privado responda y se comprometa con el país para asumir la parte de responsabilidad que le corresponde. La notable subida que experimentó ayer la Bolsa de Valores de Lima es un buen síntoma en tal sentido, al igual que recientes encuestas que señalan al Perú como país líder en expectativas de contratación de personal.

Pasó la época de las vacas gordas y, afortunadamente, el Gobierno actuó con mesura para consolidar reservas y ahorros que hoy son la base del plan contracíclico. El empresariado, por su parte, se vio fuertemente beneficiado con ganancias que debieran aplicar ahora para mantener el ciclo productivo.

Es acertado que el mayor énfasis del plan se ponga en el sector construcción, con 3 mil millones para programas habitacionales. Este sector ha sido el más dinámico, demanda más mano de obra, genera empleo y actúa como principal engranaje del sector financiero y la industria del cemento, acabados, etc.

Asimismo, se incrementa la inversión pública en 5 mil millones de soles, lo que es positivo, pues al tiempo que se apunta a reducir el grave déficit de infraestructura, se sostiene y dinamiza las economías regionales.

Sin embargo, debemos alertar sobre dos aspectos sumamente delicados: por un lado la anunciada disminución o eliminación de los controles de la inversión pública, que a veces obstaculizan y toman demasiado tiempo; y por otro lado, las compensaciones que daría el Estado a las empresas que no logren rentabilidad en las concesiones que ganen.

En cualquier caso, urge tomar las debidas previsiones para evitar cualquier malversación o acto de corrupción y sancionar ejemplarmente cualquier atisbo de ello. Y si se trata de subsidios, pues debe medirse las consecuencias a futuro de tal precedente y el riesgo que ello entrañaría para la salud de una economía social de mercado.

Como no podía ser de otra manera, el plan incluye también 700 millones para aliviar el peso de la crisis que siempre afecta más a los que menos tienen, lo que debe ser complementado con la reingeniería de los programas de apoyo social, de modo que se asegure la eficiencia presupuestal.

En suma, faltaría detallar en el plan las políticas monetarias relacionadas con la tasa de interés y el encaje, pero no hay duda de que se está dando una nueva partida en el difícil panorama mundial. Y si el Gobierno ha tomado, oportunamente, la iniciativa, a la larga, para que el plan sea sostenible en el tiempo, el sector privado debe asumir el peso de mantener índices respetables de dinamismo, crecimiento y estabilidad económica.