Gobierno y FF.AA. discrepan por venta de terreno militar

Los generales en retiro del Ejército Peruano Roberto Chiabra y José Antonio Graham volvieron a criticar duramente la puesta en venta de una parte del Cuartel General del Ejército, también llamado Pentagonito, a tal punto que provocaron que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, diera un paso al costado y dejara abierta la posibilidad de evaluar la decisión de dicha posible venta.

Ambos generales coincidieron en que la cuestionada venta lesionaría la honra del país y criticaron al ministro de Defensa por decir que en ese recinto se han colocado "palotes" en una "pistita" para que los militares den "saltitos".

"¡Qué falta de respeto! Eso se llama pista de combate. Es una pista de entrenamiento para todo el personal militar en todas las unidades del Perú. Me imagino que cuando a ese señor (Flores-Aráoz) lo invitan a un cuartel para ver el entrenamiento de tropa se reirá y dirá: 'cuántos soldaditos brincando'", manifestó Chiabra visiblemente indignado en RPP.

Chiabra agregó que da mucho que pensar que exista una intención tan acelerada por vender las 16 hectáreas del Pentagonito y dejó entrever que podría tratarse de un lobby.

Dijo también que se está abusando de los militares en actividad porque se sabe que no pueden hacer huelgas. "El ministro de Defensa dice que se trata de una parte administrativa. ¿Acaso no sabe que el personal militar tiene que estar en constante entrenamiento? ¿Acaso no sabe que tienen que rendir examen de rendimiento físico para acceder a los ascensos?", se preguntó.

Por su parte, Graham aclaró que el área en disputa no está abandonada ni descuidada, como lo señaló Flores-Aráoz. "Allí también hay un polígono de pistola, un gimnasio, campos de entrenamiento", señaló.

Además, protestó porque no hubo una coordinación entre los interesados en vender el terreno y el dueño, que es el Ejército. También lamentó que esta situación esté dividiendo a los peruanos y aprovechó para hacer un llamado al presidente de la República, Alan García, a fin de que impida la venta .

Pero las críticas no solo vinieron por parte del Ejército. Las congresistas Lourdes Alcorta (Unidad Nacional) y Keiko Fujimori (Grupo Parlamentario Fujimorista) también suscribieron las declaraciones de ambos oficiales. Alcorta adelantó su apoyo a "una lucha frontal para que el Pentagonito no se venda".

Sin embargo, quien prefirió no motivar enfrentamientos fue el primer ministro, Yehude Simon, que no adelantó opinión sobre la venta del terreno militar, aunque dijo que el Gobierno "no hace oídos sordos" a los comentarios respecto a este tema.

"El Gobierno no hace oídos sordos a las distintas opiniones, las escucha. Serán el presidente y el ministro de Defensa quienes tengan que asumir lo que corresponde", indicó tras la presentación de la Quinta Encuesta Nacional sobre Corrupción, organizada por Proética en el IPYS.

MINISTRO SE DEFIENDE
A pesar de que Flores-Aráoz volvió a defender la decisión del Gobierno de vender parte del Pentagonito, este se mostró dispuesto a revisar el tema si es que se presentaran consideraciones técnicas que lo ameriten, quizás por la fuerte presión que recibió por parte de diferentes sectores, minutos antes de declarar en CPN Radio.

"Pero si hay motivaciones y consideraciones técnicas del alcalde (en contra de la venta) tenderemos que evaluarla. No nos sentimos depositarios de la verdad", aseguró.

Flores-Aráoz insistió en que se debe comprender que el Estado trata de monetizar los bienes que no está utilizando para financiar la adquisición de viviendas, la rehabilitación de centros educativos y el equipamiento de hospitales para el personal militar y civil de las FF.AA.

Pero además, el ministro aprovechó el espacio público para emplazar a quienes afirman que existiría un supuesto lobby a que denuncien el hecho ante la autoridades pertinentes, en lugar de "estar vociferando".

También cuestionó que se afirme que ese terreno se venderá a empresarios chilenos y explicó que la proyectada venta no es una medida improvisada, sino que se basa en una ley aprobada por el Congreso, la cual permite disponer de terrenos no utilizados de las FF.AA. para ponerlos en venta y usar los recursos a favor de dicha institución.