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La siempre postergada reforma judicial

Por Mario Amoretti. Penalista

En la actualidad, en las cárceles del país se encuentran detenidos más de 44.500 internos, de los cuales más del 70% no han sido sentenciados, es decir, tienen la condición de procesados.

Es necesario y urgente revertir esta situación, motivo por el cual no es solamente con la construcción de nuevos centros penitenciarios que se soluciona el grave problema del hacinamiento existente en dichos establecimientos, sino que se debe resolver la causa que la origina, el congestionamiento de procesos penales.

Para llevar a cabo una reforma judicial se requiere una decisión política de parte del poder Ejecutivo, a fin de que le brinde los medios económicos que necesita al Poder Judicial para que este sea autónomo en lo político, administrativo y económico.

Para que la justicia sea independiente en lo jurisdiccional, el Poder Legislativo debe aprobar los proyectos que fueron presentados por la Ceriajus con base en los acuerdos tomados por la Corte Suprema. Asimismo, se requiere que el poder Judicial inicie y continúe esa reforma con la colaboración de la sociedad civil, sin la intervención directa del poder político.

Se ha anunciado la puesta en vigencia del CPP-2004 para los procesos que se sigue contra los corruptos; sin embargo, no se toma en cuenta que el porcentaje en estos procesos es mínimo comparado con los que se sigue a otras personas.

Para corroborar la precariedad económica de este poder del Estado basta aproximarse a las mesas de partes de los juzgados, en los que se verifica que los expedientes se encuentran hacinados en el suelo e incluso en los pasadizos.

Empecemos con la implementación de dicho cuerpo de leyes en todo el país respecto a los capítulos o artículos que requieran inversión de dinero, al mismo tiempo que abogados, fiscales, jueces nos vamos preparando.

Hagamos camino al andar con tiempo.