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Suprema se resiste a aceptar Ley de Carrera Judicial

Por Rocío La Rosa Vásquez

Hasta ahora la Corte Suprema había manifestado su público malestar por la Ley de Carrera Judicial por considerar que afecta su autonomía y estabilidad. Esta vez, decidió ir más allá y acordó solicitar a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, que interponga una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la referida norma.

La Sala Plena reveló su decisión en un comunicado mediante el cual justifica su postura al no haber sido atendidas sus propuestas durante el debate de la norma en el Congreso, y más tarde por el Ejecutivo.

Los vocales supremos rechazan varios artículos de la ley referidos a la evaluación parcial de los magistrados y a la posibilidad de ser destituidos si comentan públicamente aspectos de un proceso en curso.

La Suprema también decidió pedir con carácter de urgencia la presencia en el Perú del relator especial de las Naciones Unidas para la independencia judicial, Leandro Despouy, a fin de que evalúe y emita un informe de esta situación. Este Diario intentó comunicarse con la fiscal Echaíz para conocer su opinión, pero ella se encuentra en el extranjero.

TILDAN PEDIDO DE PRETEXTO
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren (UN), lamentó esta postura de la Suprema teniendo en cuenta "que nuestro sistema judicial y, particularmente el Poder Judicial, no es eficiente y en muchos casos tampoco probo".

Eguren defendió la Ley de Carrera Judicial porque solo busca incorporar la meritocracia.

Opina que el tema de una supuesta inconstitucionalidad "es solo un pretexto porque, de lo contrario, el Poder Judicial se preocuparía en presentar una iniciativa legislativa, a fin de corregir los artículos cuestionados".

En su comunicado, la Suprema también se queja de que en sus observaciones a la ley el Ejecutivo mantenga la evaluación de desempeño parcial y la excluya de los procesos de evaluación y ratificación de jueces.

Eguren explicó que, efectivamente, la ley planteaba para estos procesos una comisión mixta integrada por el Consejo Nacional de la Magistratura y tres representantes del Poder Judicial, pero el Ejecutivo corrigió que esa tarea solo es del CNM.

El Ejecutivo también consideró excesiva la destitución por comentar procesos públicamente. Estas observaciones serán corregidas en el Congreso.

El constitucionalista Enrique Bernales señaló que este pedido de la Suprema sienta un precedente preocupante porque revela la poca importancia que el Legislativo le da al Poder Judicial.

Recordó que este tiene iniciativa legislativa, lo que supone que el Parlamento debe acoger el punto de vista de los jueces, que son los que más conocen de carrera judicial.

"Eso es lo lógico en una democracia que funciona bien. Esto debe mejorar con una mayor coordinación", subrayó.

PARA RECORDAR
Un intermediario
El jurista Enrique Bernales recordó que, según nuestra Constitución Política, el Poder Judicial no está facultado para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, de allí que le haya pedido a la fiscal de la Nación tramitar el recurso ante este colegiado.

No se pronunció
Este Diario intentó comunicarse ayer con la ministra de Justicia, Rosario Fernández, para conocer su opinión sobre esta posición de la Corte Suprema, pero no fue posible que atendiera nuestra llamada.

Convocatoria
La Sala Plena de la Corte Suprema también ha convocado a los presidentes de las cortes superiores de justicia a fin de que evalúen y acuerden --paralelamente-- acciones complementarias a estas circunstancias.