La ministra de Justicia, Rosario Fernández, sostuvo que el Poder Ejecutivo no tendría inconveniente en aceptar lo que resuelva el Tribunal Constitucional (TC), al comentar que la actual ley que crea el Tribunal Supremo Militar Policial es objeto de una demanda de inconstitucionalidad.
Explicó que de concretarse dicha acción, el demandado será el Poder Legislativo y no el Ejecutivo, porque fue el Parlamento el que aprobó esa ley sin incorporar las observaciones del TC a la anterior norma.
El decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, adelantó que se presentará una demanda contra dicha norma al considerarla inconstitucional.
La ministra recordó que el Congreso expidió la nueva Ley de Organización y Funciones del Tribunal Supremo Militar Policial (Ley 29182), derogando con ello la Ley 28665, del Consejo Supremo de Justicia Militar, la cual fue declarada inconstitucional en algunos de sus artículos.
Fernández argumentó que el TC, al declarar inconstitucional la anterior ley, redactó unos artículos para ser incorporados a la citada norma.
Asimismo, la ministra opinó que --desde el punto de vista legal-- no existe ningún problema en la designación de los vocales supremos militares, porque la Ley 29182 está vigente y además --señaló-- disfruta de lo que se conoce como "presunción de constitucionalidad".