El Consejo de Defensa Judicial del Estado (CDJE) nombrará la próxima semana a un nuevo procurador supranacional que asumirá la defensa del Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así lo informó la ministra de Justicia, Rosario Fernández, tras recordar que esta es una de las disposiciones contempladas en el Decreto Legislativo 1068, sobre defensa jurídica del Estado.
Fernández adelantó que aún se está evaluando a diferentes candidatos. "Se trata de personas con mucha experiencia en atender asuntos de defensa ante la Corte Interamericana", comentó la ministra.
El mencionado dispositivo establece que se creará un equipo de especialistas en derechos humanos, el cual trabajará de la mano con el procurador supranacional ante la CIDH, con el objetivo de impedir que los casos pendientes se eleven ante la Corte de San José.
La secretaria técnica y encargada del CDJE, María Rosa Silva, dijo a la agencia Andina que antes de designar a la nueva autoridad y a su equipo técnico se desactivará la Comisión Especial de Seguimiento y Atención de Procesos Internacionales, a efectos de remitir todo lo actuado al CDJE.
"Lo que se busca es tener ante la Comisión Interamericana un equipo fuerte, que pueda defender y negociar, y que trate de evitar que el Estado sea demandado posteriormente en la Corte. Por eso se procederá a nombrar a un nuevo procurador supranacional", dijo Silva.
La funcionaria añadió que se vienen dando todos los esfuerzos para vigorizar la defensa del Estado en los tribunales supranacionales.
Sin embargo, remarcó que el próximo año, con la implementación del reglamento de la nueva ley, se dará mayor agilidad a este tema.
Precisó, además, que este nuevo sistema para promover las soluciones amistosas será aplicado en todos los estamentos de justicia del Estado.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, saludó la decisión del Gobierno de nombrar a un procurador supranacional, pues consideró que de esta manera el Estado podrá hacer un seguimiento más efectivo a las demandas presentadas en su contra.
Comentó que esta función debe recaer en una persona independiente, con alto espíritu democrático y que conozca el sistema interamericano de protección de DD.HH.
Finalmente, afirmó que existen catedráticos y expertos que tienen la calificación suficiente para el cargo, pero no se animó a dar nombres.